Pronunciamiento en defensa de los presos, perseguidos y exiliados políticos de Bolivia

Nosotros, desde el ejercicio ciudadano libre e independiente y comprometidos con la democracia y los derechos humanos, ante la degradación judicial ocasionada por el régimen del MAS para utilizarla como instrumento de persecución y represión política según el modelo autoritario seguido por las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua:

DENUNCIAMOS el desmantelamiento de la institucionalidad democrática boliviana que incluyó la liquidación de la independencia de fiscales, jueces y magistrados, habiendo utilizado en última instancia la elección judicial por voto universal manipulada desde el poder para la instalación de un comisariato incompetente y corrupto a su servicio, responsable de la sistemática vulneración de los derechos y garantías de las personas, llegando al extremo de ejecutar a Eduardo RózsaFlores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer en el caso denominado “Hotel Las Américas” (16/04/2009), y provocar la muerte de José María Bakovic (12/10/2013), Marco Antonio Aramayo (19/04/2022) y Juan Carlos Manuel (09/01/2023) como efecto de la persecución, prisión, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos, aplicados igualmente a Mario Tadic, Elod Tóásó, Franklin Gutiérrez, Tonchi Bascopé y César Apaza, entre otros.
DENUNCIAMOS la inexistencia de un sistema procesal penal verdadero en el país al haberse eliminado el principio del juez natural, con restricción del derecho a la defensa y otros derechos de los injustamente detenidos y encausados, con inobservancia de plazos y formas procesales, convirtiendo las audiencias en sesiones de tortura prolongadas por hasta doce horas, sin sentido o justificación procesal alguna. Se configura así un contexto de arbitrariedad generadora de inseguridad, indefensión e injusticia en contra de las víctimas sometidas al abuso por razones de índole política, como Jeanine Áñez, Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho y los más de 300 presos políticos existentes a la fecha, incluyendo miembros de las FF.AA. y la Policía. Todo facilitado por elementos descalificados en función de fiscales, jueces y magistrados encargados de la tramoya persecutoria por hechos inexistente y sin pruebas, como el supuesto “golpe de estado de 2019” que en realidad fue una gesta ciudadana de defensa de la democracia ante el fraude perpetrado por el MAS.
DENUNCIAMOS la persecución de decenas de compatriotas a través del aparato judicial, muchos declarados en clandestinidad y 829 fuera del país en calidad de refugiados políticos, impedidos de retornar ante la certeza de que hacerlo equivaldría a perder su libertad al entregarse al aparato perverso de persecución política en pleno funcionamiento en Bolivia.
NOS SOLIDARIZAMOS con los presos y exiliados políticos, con sus familias, abogados e instituciones de derechos humanos que les asisten, ofreciéndoles el apoyo que nos sea posible darles. Les instamos a mantener el ánimo para seguir luchando, pidiéndoles extrema dedicación en el relevamiento de la información de todos y cada uno de los casos, con identificación de los actores que vulneran el Derecho y la Justicia por encargo del poder. Pedimos especial interés en las declaraciones del ex ministro de (IN)justicia Iván Lima, prueba de cargo contra el masismo que debe ser conservada con mucho cuidado.
PEDIMOS a la ciudadanía prestar mucha atención a las elecciones judiciales previstas para diciembre próximo. Esta vez debemos votar por quienes sean menos sospechosos de vinculación con la dictadura criminal masista. Asimismo, debemos ser celosos observadores del proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado, para evitar que recaiga en algún operador del MAS. Es parte del camino de recuperación de la democracia que lograremos juntos el 2025.