No ha existido un Gobierno con mayor acceso a recursos en la historia de Bolivia que el que conduce Evo Morales desde enero de 2006. Los elevados precios de los hidrocarburos y minerales que exporta Bolivia fueron para Morales como “sacarse la lotería”, lo que generó que recibiera, según cálculos especializados, 60.000 millones de dólares adicionales a los que hubiera recibido sin ese incremento de precios.
Lamentablemente, esos ingresos no ayudaron al país a mejorar sustantivamente su situación social y económica. Para lo que sí ha servido esa enorme cantidad de recursos ha sido para alentar una corrupción desbocada, la más obscena de la vida republicana boliviana. Casi cada semana estalla un escándalo que involucra a autoridades o funcionarios públicos. A veces, esos escándalos son diarios; como cuando se han denunciado desfalcos en el estatal Banco Unión, en el Ministerio de Defensa y en ENTEL. ¡Un escándalo por día!
Entre los actos de corrupción más vergonzosa de esta década está el del Fondo Indígena, que distribuyó 300 millones de dólares entre 900 dirigentes de organizaciones sociales. El dinero fue depositado, por órdenes del Ejecutivo, en sus cuentas bancarias personales, no en las de sus organizaciones. Fue una forma, descarada y al mismo tiempo triste, de corromper a los movimientos sociales y volverlos dependientes del Ejecutivo.
No sólo la corrupción es lo que afecta al Gobierno: también el malgasto, el afán obsesivo de realizar obras de gran magnitud, pero de escaso impacto y que generan gasto, no inversión. Se construyó una planta de azúcar en San Buenaventura, pero no existe caña suficiente para hacerla andar. Se construyó la planta separadora de líquidos del Gran Chaco y no existe gas suficiente para que opere. Se ordenó la planta de urea del Chapare, pero tampoco hay para ella la materia prima para que trabaje de manera que obtenga utilidades. En el tema del litio ocurre lo mismo: después de 10 años y 500 millones de dólares utilizados, no se ha producido ni un kilo de carbonato de ese mineral. Ese tipo de obras se cuentan por cientos: estadios y canchas sin público, aeropuertos sin aviones, palacios lujosos con alfombras persas para mimar a engreídas autoridades cada vez más alejadas del sentimiento del pueblo.
Por cada 20 canchas construidas para que Morales juegue fútbol, su Gobierno construye una escuela y una posta sanitaria. Así de perdido está un Gobierno alejado completamente de sus objetivos originales.
El Movimiento Ciudadano ha realizado una obra artística para representar esa situación. Una montaña de dinero, de tres metros de alto, es la que simboliza los miles de millones de dólares malgastados o robados por las autoridades en esta “década perdida”. Lo que busca esta obra es generar conciencia entre los bolivianos de las magnitudes de dinero erogadas. Seguramente los montos reales alcanzarían para construir cien montañas de dinero similares, pero lo que buscamos es representar, con una sola de ellas, cómo las autoridades se enriquecen mientras el pueblo se empobrece.
El fracaso de la elección de magistrados de 2011 y la posterior degeneración del sistema judicial demostró que la justicia al servicio de un gobierno y de un partido está peor que nunca. ¿Por qué, entonces, el MAS insiste en repetir un modelo de elección de magistrados del Poder Judicial que, incluso en sus propios términos, ha conducido a un sistema judicial que está podrido?
Porque el gobierno quiere una justicia que continúe a su servicio. Una justicia que no persiga a la corrupción. Una justicia que viole la Constitución. Una justicia que abuse al pueblo. Por esto todos los candidatos han sido impuestos por los dos tercios que tiene el MAS en la Asamblea Legislativa.
Porque el MAS necesita asegurarse de que el Poder Judicial continúe sometido a sus objetivos políticos. Un Poder Judicial que proteja a sus militantes. Un Poder Judicial que persiga a los que denuncian sus abusos y su corrupción. Un Poder Judicial que sancione a los ciudadanos críticos.
Porque Evo Morales quiere que su repostulación sea legalizada. Quiere una justicia a la que no le importe la democracia, sino únicamente la defensa de sus privilegios. Quiere una justicia que acepte su repostulación y niegue la voluntad popular expresada en el No el 21F. Quiere una justicia que formalice su deseo de un gobierno vitalicio.
Declaramos, por tanto, que estas elecciones judiciales son el momento en el que los bolivianos tendremos que denunciar la legalización de la dictadura. Son el momento en el que rechazaremos la injusticia, la corrupción y la reelección. Son el momento para recuperar el derecho de todos los bolivianos a decidir el destino de nuestra democracia.
POR TANTO, el Movimiento Ciudadano CONVOCA A ANULAR EL VOTO EL 3 de DICIEMBRE