Las recientes disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que se arrogó las
facultades de la Asamblea Legislativa, el incremento de atribuciones al presidente N. Maduro y el
despojo de la inmunidad de los miembros de dicha Asamblea, marcan un gravísimo atentado al
orden constitucional propio de un Estado de Derecho, que hoy se asocia indisolublemente a la
idea democrática. Si además tenemos en cuenta la larga crisis de legitimidad que vive esa nación
hermana, una de cuyas elocuentes expresiones es, precisamente, la aplastante mayoría opositora
en esa Asamblea Legislativa, no resulta excesivo calificar la situación como “autogolpe” que orilla
al régimen a una condición de dictadura. La medida, antidemocrática desde todo punto de vista,
ha dejado al pueblo venezolano sin representación en los órganos de poder.
La Organización de Estado Americanos (OEA) -mediante su Secretario General- ha intentado
activar la Carta Democrática Interamericana para desembocar en elecciones generales que
permitan renovar los poderes públicos con participación protagónica ciudadana. Aunque una
mayoría de estados apoya esa salida, todavía no hay los dos tercios para hacerla vinculante. El
representante de Bolivia en la OEA, en vez de coadyuvar a esa salida pacífica, se sumó al coro
minoritario de denostadores del Secretario General y repite que ese organismo, en el que él es
embajador, ¡no debiera existir! Ayer, mientras la inmensa mayoría de los gobiernos
iberoamericanos condenaban las acciones anticonstitucionales del gobierno de Venezuela, el
Gobierno del MAS emitía un comunicado respaldando tales acciones, poniéndose al margen de la
mayoritaria opinión democrática de los países. Alertamos a la ciudadanía que detrás del respaldo
del gobierno del MAS al de Venezuela existe la inequívoca intención de burlar los mandatos de la
Constitución y las leyes respecto a la duración y no repetición de los mandatos presidenciales.
Demandamos que el Gobierno, a través de los funcionarios pertinentes, en tanto representantes
de un Estado que todavía mantiene ribetes democráticos exprese el sentimiento de respeto a la
disidencia política y a la solución negociada de una evidente crisis social y política que discurre por
la concurrencia a las urnas. Que sea el pueblo soberano venezolano el que decida su futuro y no
los funcionarios de un poder judicial notoriamente alineado con el declinante oficialismo. El valor
de las leyes y en particular la Constitución es que valen y se aplican para oficialistas y opositores,
gobernantes y gobernados: ¡No al ejercicio arbitrario del poder!
Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad
La Paz, 31 de marzo de 2017
