La Ley 1582 de actualización de límites solidarios, fue aprobada en septiembre por la Asamblea Legislativa por “consenso” entre todas las bancadas políticas –evistas, arcistas, mesistas, etc.– después de que llegaron a un acuerdo con los médicos sobre la eliminación de la jubilación forzosa a los 65 años. Durante su tratamiento –más de un año y siete meses–, el viceministro Franz Apaza, el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados Omar Yujra, el dirigente de jubilados Rodolfo Ayala y el gerente de la Gestora Pública Jaime Durán prometieron el cielo y la tierra a los jubilados.
Todos afirmaron que el 70% de ellos, algo más 157.000 jubilados, serían beneficiados con ajustes en sus pensiones, que los incrementos oscilarían entre 80 bolivianos (para jubilados con 10 años de aportes) y 1.000 bolivianos (para jubilados con 35 años o más). Entonces, pocos levantamos la voz denunciando esa propaganda engañosa, fundamentamos nuestra posición acudiendo a lo que había ocurrido en 2017 (en la anterior actualización). En esa oportunidad constatamos que, de todos los jubilados de entonces, solamente el 28% había sido beneficiario.
