La unilateral promulgación de la Ley 1297 por la Asamblea Legislativa, que establece un plazo perentorio de 90 días para la realización de las elecciones generales a partir del 3 de mayo pasado, ha generado un conflicto de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo que nuevamente amenaza la autonomía del Órgano Electoral; todo ello en un contexto de empeoramiento de la crisis sanitaria provocada por la pandemia que el gobierno de Añez no ha sabido contener. Coincidentemente, se observa un conjunto de manifestaciones de malestar social y desacato civil, agravadas por hechos de corrupción estatal, que están siendo política y electoralmente instrumentalizados por operadores del anterior régimen de Morales.