El gobierno del MAS, emulando a sus socios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, avanza aceleradamente en la estructuración de un ordenamiento jurídico claramente violatorio de la democracia y los derechos humanos, buscando legalizar sus abusos y configurando un Estado policial.
Ahora es el proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales” que contiene aspectos inaceptables, como los siguientes:
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La ampliación de facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), mediante 23 atribuciones que le permiten intervenir discrecionalmente en asuntos privados violando el derecho a la privacidad, realizar tareas de inteligencia, y pedir -sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal información sobre valores, seguros, pensiones; acciones comerciales, tributarias, económicas; registros notariales, civiles, derechos reales, profesionales y otros.
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La eliminación del secreto profesional o la confidencialidad cuando la UIF haga solicitudes.
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La facultad del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Juego, para solicitar a la UIF el inicio de actividades de inteligencia.
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La constitución como “sujetos informantes” obligados a personas naturales o jurídicas de los sectores público o privado, del sistema financiero nacional, mercado de valores, pensiones y seguros, notarios, notarios, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros, que la UIF incluya en el ámbito de su regulación. Del mismo modo, a otras personas como aquellas que desarrollan actividades sin fines de lucro, incluyendo las religiosas.
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La incorporación de “técnicas especiales de investigación” como el agente encubierto, la entrega vigilada, la compensación económica al riesgo del informante y el colaborador eficaz.
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La vigencia de medidas como el congelamiento de fondos, confiscación de bienes, extradición y otros.
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Modificaciones al Código Penal, que incluyen nuevas tipificaciones de algunos delitos y agravamiento de las penas.
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La conformación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (CONAL), que agudiza la ruptura de la independencia de poderes.
En palabras simples, con esta ley, el MAS quiere que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de investigar sin límite ni control a quien él determine. La plataforma ciudadana U.N.O. está en contra de la legitimación de ganancias, el terrorismo y su financiamiento y el de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, pero defiende la democracia, la pacífica convivencia y el Estado de Derecho.
Por eso, rechaza enfáticamente la eventual sanción y promulgación de esta norma atentatoria a la democracia y los derechos humanos y constrictora de las libertades. Asimismo, convoca a partidos y agrupaciones políticas, asociaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, colegios profesionales, prensa oral y escrita y en general a mujeres y hombres demócratas, a movilizarse para impedir la consumación de este nuevo atropello.
La Paz, 20 de septiembre de 2021
Por la plataforma Una Nueva Oportunidad:
Gonzalo Flores Céspedes
CI 2052932
Carlos Derpic Salazar
CI 1271460
