Unidad para la Resistencia y la Transición Democrática
Desde febrero de 2016, Bolivia cuenta con un renovado actor social y político: el movimiento ciudadano. Los diversos grupos y personas que lo integramos hemos dado pruebas de nuestra capacidad de movilización nacional y de nuestra gravitación electoral. Con nuestra creativa y decidida participación hemos contribuido a desencadenar el proceso de transición democrática que el país tendrá que afrontar en el curso de los próximos meses y años.
Jugamos un rol decisivo en el referéndum del 21F de 2016 así como en las elecciones judiciales de 2017 y, junto a otras expresiones de la oposición democrática, organizamos las multitudinarias concentraciones en defensa de la democracia y la abrogación del código penal, así como el inédito paro nacional movilizado del 21 de febrero pasado, en el que las mujeres y los jóvenes tuvieron un rol protagónico. Con esas victorias electorales y con la masiva y persistente movilización en defensa de la democracia hemos convertido al MAS en una nueva minoría conservadora en las urnas y en las calles, restableciendo la correlación de fuerzas sociales a favor del campo democrático.
Para el partido de gobierno nada volverá a ser como antes. Los signos de descomposición interna, extravío programático, pérdida de hegemonía y aislamiento internacional del régimen son cada día mayores. Sus vanos intentos por prorrogarse inconstitucionalmente en el poder tendrán al frente a una multitud de grupos ciudadanos, comités cívicos, organizaciones sociales, gremios de productores, instituciones de la sociedad civil y una infinidad de personas sin filiación alguna que, en conjunto, constituimos una fuerza social mayoritaria llamada a remplazar al bloque corporativo que llevó a Evo Morales al poder en 2006.
Cambiar no sólo de gobierno, sino de régimen
Respondiendo a las expectativas generadas por nuestro protagonismo nacional, asumimos ahora nuestra responsabilidad histórica de ofrecerle al país un programa para la transición democrática y una propuesta de unidad de las fuerzas sociales y políticas, con el objetivo de derrotar los planes prorroguistas de Morales y su régimen autocrático antes de 2019 y dar curso a la apertura de un nuevo ciclo de reformas estatales a partir de 2020.
El movimiento ciudadano está conformado por muy diversos grupos que, a pesar de sus diferencias de opinión, credo o ideología, expresa una misma convicción democrática y una visión de futuro. Hemos decidido no sólo resistir las acciones autoritarias del régimen sino participar decisivamente en la construcción de una alternativa de poder de largo aliento. Ya no nos mueve solamente el rechazo al autoritarismo, sino la voluntad de construir, inspirados en la idea del bien común, un Estado democrático y social de derecho que desconcentre el poder, someta a los gobernantes al imperio de la ley, promueva la justicia social y garantice los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.
La transición hacia ese nuevo orden estatal y social será previsiblemente un proceso largo y conflictivo por la decisión del MAS de desconocer la voluntad soberana expresada en las urnas el 21F y de violentar la legalidad constitucional con la sentencia “habilitadora” del TCP. El alineamiento incondicional del gobierno de Evo Morales con los regímenes de Nicaragua y Venezuela revela su decisión de replicar en Bolivia los mismos métodos utilizados por Maduro y Ortega para perpetuarse en el poder.
Pero así como el gobierno del MAS optó por desconocer las reglas básicas del sistema democrático sin temor a quedar aislado nacional e internacionalmente, los que conformamos el movimiento ciudadano hemos decidido mayoritariamente movilizarnos para expresar nuestra decisión de cambiar no sólo de gobierno sino de régimen en las próximas elecciones nacionales.
Como sucedió en muchos procesos de transición política, ni las fuerzas que detentan el poder están dispuestas a abandonarlo, ni las fuerzas emergentes están suficientemente preparadas para ejercerlo. Esa circunstancia prefigura un periodo de incertidumbre, de confrontación y negociación, hasta que la sociedad pueda establecer los pactos y construir las instituciones en las que se sustente un nuevo orden estatal duradero.
La unidad: una necesidad y una oportunidad
Para encarar estos desafíos, requerimos dotarnos sin demora de un programa de transición y generar un acuerdo político nacional de las fuerzas democráticas. La Agenda del 21F, suscrita por 180 personalidades a mediados del año pasado, provee unos lineamientos básicos de un programa de transición, que incluyen las reformas de Estado y las principales políticas públicas que deberían aplicarse a partir de 2020. Pero ese programa, actualizado por el aporte de muchos grupos ciudadanos y de profesionales, requiere una conducción política: la creación de una institución unitaria que gestione la transición y tenga la capacidad de convertir el programa en una realidad social y estatal.
Bolivia no cuenta con un sistema político formal e institucionalizado, sino con un partido dominante no democrático –el MAS– confrontado por dos o tres partidos regionales y un centenar de agrupaciones ciudadanas departamentales o municipales sin mayor capacidad de agregación nacional ni voluntad genuina de unir esfuerzos para ofrecerle al país una opción renovada en sus liderazgos y su oferta programática. Por ahora, la mayoría nacional democrática actúa espontáneamente y carece de una conducción que le dé coherencia programática y eficacia política y electoral. Esta propuesta de unidad aspira a remediar esa carencia.
En las dos elecciones pasadas (2009 y 2014) los pocos partidos existentes dieron cuenta de su manera de encarar la unidad, como alianzas circunstanciales en torno a cuotas de representación parlamentaria. Esa forma de concebir y gestionar la unidad con propósitos meramente electorales es lo contrario de lo que se necesitaba entonces y lo que se requiere hoy. Ya no se trata de disputar un tercio en el parlamento, sino de gestar una opción de gestión estatal duradera.
Por esa reiterada conducta, los partidos son percibidos por muchos grupos ciudadanos como parte del problema, no de la solución. Esos partidos, que han sido y son actores de la resistencia democrática, deben superar sus menudas rivalidades y sus limitaciones internas para ser parte de la nueva opción unitaria, porque sólo mediante una amplia unidad, cualitativamente distinta a las del pasado, es posible derrotar al proyecto de poder del régimen actual y sentar las bases del futuro Estado social y democrático de derecho.
La unidad que nos proponemos construir no es la mera alianza de organizaciones partidarias, a las que se añadan ahora algunos grupos ciudadanos, sino la expresión de la necesaria unidad de la sociedad como comunidad que nos permita superar las inequidades regionales, las brechas sociales, la confrontación étnica, los desencuentros generacionales y las herencias disgregadoras del patriarcado y del colonialismo interno. Sólo un régimen democrático y un Estado social de derecho pueden consolidar la unidad en la diversidad que reclama la sociedad boliviana.
Los que conformamos el movimiento ciudadano, no nos sentimos cabalmente representados por los partidos democráticos existentes, pero tampoco aspiramos a sustituirlos convirtiéndonos en un partido político alternativo. Por nuestra heterogénea composición y por nuestra función social, no podemos ni deseamos reemplazar a las organizaciones partidarias. Pero podemos contribuir a reformar el sistema de partidos, aportando nuestra creatividad programática y nuestra capacidad de movilización. Nuestra tarea será también ejercer la función constitucional del control social, para fiscalizar la gestión partidaria de los gobiernos departamentales y municipales, en los que tienden a reproducirse las viejas prácticas patrimoniales y clientelares. Por otra parte, también debemos aportar con la renovación de liderazgos surgidos en la resistencia democrática al gobierno del MAS.
Esta crítica circunstancia nacional –la de la inminencia de la transición y la ausencia de opciones orgánicas de relevo del MAS– obliga al conjunto de las fuerzas democráticas a encarar sin demora los desafíos de la unidad.
Una institución para la democracia
Los que suscribimos esta declaración, convocamos a la conformación de una coordinadora democrática en la que los representantes acreditados de los diversos grupos ciudadanos, comités cívicos, gremios y colegios profesionales, organizaciones sociales, CONADE, cámaras de empresarios, sindicatos de trabajadores, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, acordemos un programa de transición y la creación de una “institución para la democracia” para derrotar el proyecto prorroguista y, como consecuencia de ello, generar una opción electoral victoriosa y una gestión estatal sostenible a partir de 2020. Para que el proceso de transición no acabe en un gobierno transitorio, requerimos conformar mayorías sociales y parlamentarias legítimas, cohesionadas por una sólida visión de futuro y por liderazgos que estén a la altura de este desafío histórico.
La unidad que propugnamos no se acomoda detrás de una candidatura sino que se construye en torno a un programa y un código ético. Los candidatos a todos los cargos electivos que presentemos como opción unitaria serán seleccionados mediante procesos internos de consulta democrática, para cualificar la representación política y devolverle legitimidad.
La institución que surja de este acuerdo tendrá que contar con un Estatuto y personería jurídica propia que pueden proveer los partidos existentes –o los que están en vías de gestación– o, en su defecto, tramitarse mediante una nueva recolección de firmas. El financiamiento de las actividades de la opción unitaria provendría principalmente del aporte de sus adherentes y de fuentes transparentes e institucionales, en ningún caso de empresas que licitan con el Estado y menos aún con dinero de la economía criminal que ha prosperado al amparo del régimen actual.
El movimiento ciudadano, portador actual de la siempre inacabada reforma moral e intelectual de la sociedad, promueve la reforma del sistema político para que, en un esfuerzo de complementación de capacidades entre las organizaciones políticas y los nuevos actores ciudadanos, ofrezcamos a Bolivia la opción de buen gobierno que reclama la resistencia y el proceso de transición democrática.
Junio de 2018
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