La desinstitucionalización es la identidad política del MAS, el sello de su autoritarismo populista. Desde el desconocimiento del mandato del 21F, el Tribunal Constitucional ha devenido de ser formalmente guardián de la Constitución a ser el mayor violador de la misma. Desde el inicio de los gobiernos del MAS, la manipulación del Órgano Judicial y el Ministerio Público fue moneda corriente, lo mismo que la promulgación de normas que, a título de combatir la corrupción, endurecieron el sistema penal, para convertirlo en instrumento de persecución.
