Lo sucedido el pasado miércoles 26 de junio 2024 con la asonada militar, es consecuencia del proceso de desinstitucionalización puesto en marcha por el MAS el año 2006 y es una muestra inequívoca del empeño del gobierno de agravarla y avanzar en una estrategia que le allane el camino para imponer un régimen autocrático.
La economía del país está en un proceso de deterioro cuyo efecto es el empobrecimiento de la población y no se percibe medidas que permitan la solución real de los problemas. El gobierno va postergando toda solución con la esperanza de llegar lo menos desportillado posible a las futuras elecciones nacionales.
Las instituciones, desde hace años, han dejado de ser los referentes adecuados para llevar adelante la gestión de los asuntos del Estado. Las autoridades son nombradas a dedo, sin respeto a procedimientos meritocráticos mínimos y las normas o reglamentos han dejado de ser los mecanismos para una adecuada convivencia social y administrativa. No existe un Tribunal Constitucional Plurinacional legítimo y los actos de quienes usurpan esas funciones son nulos de pleno derecho.
Las organizaciones sociales han sido cooptadas y/o divididas, forzadas a realizar negociaciones puntuales sobre sus demandas, sin mayores resultados efectivos, con la falsa ilusión de tener soluciones a futuro.
A nivel político la incertidumbre va en aumento. Con esta estrategia gubernamental existe el riesgo que las próximas elecciones nacionales pueden ser manipuladas o direccionadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional en interés del partido de gobierno.
A todo lo anterior se suma la confabulación del gobierno y los militares contra el pueblo y la democracia bolivianas orientada a generar miedo ante un posible régimen de fuerza y justificar la represión a diferentes sectores y líderes de la sociedad.
Frente a esta situación, exigimos al régimen poner fin a su estrategia de desinstitucionalización del Estado y convocamos a las fuerzas democráticas y a la ciudadanía a unificar la lucha en torno a:
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La defensa de los derechos humanos y los derechos políticos.
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La defensa de la democracia frente al intento de implantar un régimen autocrático.
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La lucha por reponer la institucionalidad del país, que pasa por realizar las elecciones judiciales.
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La exigencia de garantías mínimas al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la realización de las elecciones nacionales limpias (nuevo padrón, instalación del TREP, reconfiguración de circunscripciones y reasignación de escaños con base a los resultados del censo nacional).
Bolivia, 30 de junio de 2024
Gonzalo Flores CI 2052932 LP
Carlos Derpic CI 1271460 Pt.
Tomás Urioste V. C.I. 1085866
Carlos Alborta CI 2395318
Susana Anaya Navia, CI 774704
Gisela Derpic Salazar 1289999 PT
Sonia Rolón Roth. C.I. 2286943
Carmen Alcoreza CI 390632
Edgar Cadima G. CI. 385549
Jaime Fernández N. C.I. 745266
Gonzalo Rojas CI 2336030 LP
Guillermo Mariaca CI 188961 LP
Juanita Roca Sánchez CI 2307718
