¿Qué debe hacerse cuando el gobierno de tu país, simplemente no quiere dejar el privilegiado sitial al que llegó por las urnas y por esos mismos votos le llegó la hora de partir? Estos aspirantes a tiranuelos –y eso de aspirantes es una gentileza– tienen que recibir “ayuda” de la ciudadanía para irse. Eso exactamente está ocurriendo en Bolivia, y con sus características propias, en las sufridas Nicaragua y Venezuela.
Hay siglos de resistencia a estos intentos. Ya el precoz La Boétie a mediados del siglo XVI clasificó como los peores tiranos a aquellos que llegaron por elección popular, pues tratan al pueblo “como un toro por domar”. Nótese lo gráfico de la figura, precisamente porque estos pueblos no renuncian fácilmente a su libertad. La reiterada voluntad de institucionalizar el poder político en nuestra América en el siglo XIX consagró una y otra vez el límite de periodos continuos del presidente de la república, incluyendo, incluyendo la boliviana desde 1839 (Art. 75) que además no podía reformarse en el periodo para beneficiar al mandatario en funciones. Como los presidentes estadounidenses fueron más limitados en sus poderes desde el inicio de esa república, allí se limitó la reelección recién a mediados del siglo XX.
Todo el sentido básico de una constitución democrática es limitar los poderes de los gobernantes y garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso ofende a la inteligencia la grosera interpretación de eso individuos que, a título de Tribunal Constitucional, traicionaron su juramento y favorecieron a su empleador visible, contra más de dos millones y medio de bolivianos y bolivianas que honrando nuestra historia le dijimos nones en el 21F de marras. El mandatario debe acatar ese mandato, él y su escudero, pues al persistir en su desacato nos autorizan a la desobediencia civil. Ambos miembros del binomio írrito, nulo de derecho, nos hicieron saber que entienden la naturaleza de un referéndum; el uno cuando dijo que de perder se iría pues la otra opción era un golpe de Estado que no haría, y el otro cuando declaró que con un voto se gana (y se pierde) en una consulta de este tipo. Y así es en efecto, cuando se consulta estas cosas en democracia no hay palizas, son guarismos muy cercanos, pero se acata la mayoría, por exigua que ésta parezca al perdidoso.
Con la Ley de Organizaciones Políticas –promulgada con su tramposa adecuación de las elecciones primarias– intentaron con la votación cual si fuera rebaño del legislativo y la complicidad del organismo electoral –salvadas las dos excepciones que renunciaron–. Pero fue otro fiasco. No hay manera, perdieron el apoyo popular y lo que hay ahora es un repudio creciente, que la oposición no está capitalizando por su propia cortedad de miras, incapaces de presentarnos opciones muy nítidas de victoria electoral y, aquí sí, abrumodora. Lo que existe es algo, pero pudo ser mucho mejor y si no salimos del brete actual con bien, su cuota de responsabilidad tienen.
Por eso abrigo la esperanza de que este 21F, el tercero al que nos autoconvocamos para, una vez más, con deber de patria ciudadana, les digamos de manera muy audible que nuestro voto vale y se respeta. Lo hicimos con éxito en el pasado reciente, en las calles y en las urnas: toca hacerlo de nuevo y con brío.
Cada 21F ha sido importante desde el de 2016, pero éste, cuando el gobernante que decidió ignorar el mandato de sus ciudadanos y se apresta al fraude con árbitro sometido –por debilidad o por obsecuencia, lo mismo da– bolivianas y bolivianos de todas las latitudes les recordamos que aún amamos la libertad y no hay canchitas que puedan comprarla.
El autor es politólogo y ejerce su ciudadanía