Una Nueva Oportunidad

Este video te da la oportunidad de adherirte a la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vía de la Organización de los Estados Americanos. Apoya !

La siguiente nota periodística pertenece a Página Siete (31.12.17). Por su importancia para nuestra Plataforma Ciudadana, la transcribimos en su totalidad incluyendo las fotos respectivas. Nos permitimos esta pequeña discrecionalidad habida cuenta de la prominencia que tiene Página Siete en los medios de circulación nacionales. Nuestra agrupación ciudadana destaca en las movilizaciones que ha convocado. 

“Perdimos el miedo; lo peor que nos pudieron hacer es dejarnos sin agua el año pasado; eso es imperdonable, por eso estoy aquí… además, quiero que se respete mi voto; basta de protestar sólo por las redes (sociales)”. Con esos argumentos y a paso apresurado, Mónica se dirigía el 21 de febrero, después de las 18:00, a la plaza Mayor de  San Francisco de La Paz. Su objetivo era sumarse a la concentración ciudadana convocada por el respeto a los resultados del Referendo del 21 de febrero (21F) de 2016. En la consulta  ganó el “No” a una cuarta reelección del presidente Evo Morales.

Pero la administradora de empresas paceña  de 34 años, que trabaja con temas de medioambiente en el oriente boliviano, guardaba un temor: que la movilización no fuera masiva.  “Ójala seamos muchos”, expresó.

Apenas llegó a la plaza Mayor su temor se transformó en una sonrisa de satisfacción: miles de  personas  ya habían llegado al lugar. Casi llenaban la plaza, pero   se las veía dispersas, en grupos. Algunos de esos  grupos parecían de amigos, otros de  familias enteras, incluso con niños, que portaban en las manos  banderas de Bolivia y carteles  con frases como “Bolivia dijo No”, “Evo no siempre”, “Mi voto se respeta” y  “No es no”.

De pronto, un “¡Bolivia dijo No!” retumbó en la plaza Mayor -gracias a unos parlantes – y todos  voltearon hacia una tarima instalada sobre al anfiteatro que tiene el lugar, y comenzaron a gritar “¡Bolivia dijo No!”.

Así comenzó en La Paz la multitudinaria  concentración ciudadana en defensa del “No” a la reelección de Evo Morales expresada en el 21F. En el resto de país, los medios de comunicación reflejaron movilizaciones igual de masivas.  En Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Beni, Tarija, Chuquisca, Pando y en las demás ciudades de departamentos. Las plazas principales se llenaron de ciudadanos que pedían el respeto a su voto. Las convocatorias se habían realizado en su gran mayoría a través de las  redes sociales, de  influencers, entre los que estaban  activistas, periodistas, analistas, ciudadanos comunes  y hasta políticos opositores.

Esta  concentración del 21 de febrero fue la primera convocada  por las plataformas ciudadanas,  a las que la población  boliviana  respondió de manera masiva. Luego vino la del 10 de octubre, cuando se recordaron los 35 años del regreso de Bolivia a la democracia.

Otra vez las plazas principales y calles se llenaron de gente   que, convocada por las plataformas ciudadanas, volvió a exigir el respeto a su voto en el 21 F. Pero había otra razón más para la protesta: la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que presentó el MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales como candidato a la Presidencia.

¿El argumento?  Cuatro artículos (156, 168, 285 y 288) de la Constitución Política del Estado  violan los derechos humanos de Morales, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que dicen que es un derecho de los ciudadanos “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas” y  “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

El 29 de noviembre, el TCP falló a favor del pedido del MAS: la reelección indefinida de Morales. Y, sin convocatoria previa, los movimientos ciudadanos, en primera instancia de Santa Cruz y La Paz, tomaron las calles para expresar su rechazo a la decisión.

En muchos casos la Policía reprimió las protestas y detuvo a activistas, en su mayoría jóvenes y mujeres,   como en el caso de Santa Cruz. Incluso  intentaron tomar entidades del Estado, como el Tribunal Electoral Departamental.

Las movilizaciones se prolongaron durante días y se extendieron a Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Beni y  Potosí. Llegaron a  cuestionar a dirigencias históricamente representativas, como la del Comité Cívico de Santa Cruz, que tardó en fijar su posición ante el fallo del TCP.

Otra Izquierda es Posible; Fuerza Ciudadana; Una Nueva Oportunidad; Me Comprometo, Voto No; Todos Podemos ser Presidente; Kuña Mbarete; Sos Bolivia; Primero Bolivia; Generación 21, CUB, Revolución juvenil Bolivia  son algunas de estas plataformas ciudadanas que los columnistas, colaboradores y periodistas de Página Siete consideran son el Personaje de 2017.

Punto de vista

Franco Gamboa

 Sociólogo

2017, año de la movilización civil

2017 fue intenso en cuanto a la movilización de la sociedad civil y es notorio cómo el país se ha enriquecido en sus formas de organización a través de distintos  medios.  La población encontró muchos más canales de expresión y las organizaciones vivas de la sociedad civil mejoraron su impacto y alcances.

Es importante destacar que estas plataformas de crítica,  articulación, movilización y participación ciudadana están directamente ligadas a las redes sociales de internet, que permiten que la opinión o  críticas de la sociedad civil se vehiculicen  inmediatamente.

Este año fue altamente politizado, particularmente por  las decisiones tomadas en niveles altos,  como en el Tribunal Constitucional (reelección indefinida de Evo Morales)  y en la Asamblea Legislativa, con el aprobación del nuevo Código Penal, lo que  está provocando la articulación y movilización de la sociedad civil. Sin embargo, se tiene que destacar que aún hay una enorme brecha entre la crítica,  la gran expresividad, muy rica, de la sociedad civil, y la posibilidad real de cambios verdaderos que repercutan en la vida cotidiana de quienes  critican, se movilizan, porque  llegado el momento tienen cero efectividad.

Un ejemplo es el triunfo  del voto nulo en las elecciones judiciales, promovido en gran parte por estas plataformas ciudadanas, que no repercutió en las decisiones políticas, porque aún con esos resultados se posesionó a los nuevos magistrados.

Este artículo es un comentario sobre la causa de los médicos. El régimen masista ha hecho aprobar el artículo 205 en una reciente ley sobre el Código Penal. Dicho artículo hace de la actividad médica una actividad criminal. Guillermo Mariaca Iturri nos da una línea editorial sobre el tema.  

La guerra de la salud

Hay que aprender a escoger las batallas. Sobre todo porque este gobierno cree que la política es guerra y, por consiguiente, que hay que aniquilar al enemigo. Sobre todo, también, cuando su ocasional adversario –los médicos y todo el sistema de salud- supone que cuenta con la autoridad moral, el apoyo público y una buena capacidad de movilización y resistencia. Sobre todo, cuando la primera batalla es una trampa camuflada en dos artículos del código penal.

La guerra iniciada por el gobierno no es contra los médicos, es contra la mercantilización de la medicina. La respuesta de los médicos, por consiguiente, no debiera concentrarse en la defensa de sus intereses ni contra el código penal sino en construir un excelente servicio público de salud. Dirán que no es su responsabilidad. Quizá. Pero es su única posibilidad de ganar la guerra transformándola en servicio.

El gobierno quiso matar dos pájaros de un tiro. Como la medicina en Bolivia es prohibitiva y el gobierno no hizo nada para universalizar el servicio público ni para sustituir el paradigma curativo por el preventivo –si fueran socialistas lo hubieran hecho-, intenta encubrir su negligencia acusando a los médicos de negligentes. Los médicos, por su parte, vista la oportunidad de desinfectar su tradición liberal, objetan con razón que la solución no es la penalización judicial. Ambos buscan aliados pero se han quedado solos porque ninguno propone alternativas a esta guerra que, como toda guerra, solo tendrá derrotados si continúa el ritmo del desastre.

Sin embargo, si la dirigencia médica pudiera superar su tan limitada tradición gremial y la implícita defensa de la liberalización de la medicina sin regulaciones, sería relativamente fácil volcar la tortilla. Imaginémonos que determinan unilateralmente poner en suspenso sus medidas. Que asumen esa fundamental responsabilidad estatal que es elaborar una Ley general de salud que ponga en el centro la prevención y a la gente. Que esa Ley desnude en su exposición de motivos la precariedad de nuestro sistema de salud. Que incorpore un código de ética que sancione la negligencia y premie la excelencia. Que determine un presupuesto de transición y de emergencia para dotar de cargos, equipamiento y medicamentos al actual sistema durante los siguientes dos años congelando todos los gastos suntuarios del gobierno. Que elaboren la ley en consulta con la gente. Que sabiendo cuán profundamente política es la salud de un pueblo, se pongan del lado de su pueblo y propongan que la norma debe ser la excelencia del servicio público, gratuito y universal, y la excepción el servicio privado regulado. Y que denuncien el carácter negligente y dictatorial del gobierno a través de todos los medios y con sus muchos recursos. Otro sería el cantar. Sería un cantar y no una nueva protesta destinada al abismo.

Hay que saber escoger las batallas, sobre todo el terreno y la orientación de las batallas, en este escenario todavía político que, sin embargo, cada vez más es un escenario de guerra abierta.

Si ustedes son derrotados será porque eligieron la soledad gremial y la defensa de sus consultorios privados y sus clínicas; pero si optan por la solidaridad con la gente que los respeta y los aprecia todos saldremos ganando. Ustedes, los ciudadanos, inclusive este gobierno al que sólo le importa el poder. Porque el gobierno se habrá visto obligado a coexistir en la política y no a imponer una nueva guerra. Porque nosotros –médicos y ciudadanos- habremos ganado mucho más porque el bien común y el servicio público nuevamente formarán parte de nuestra vida diaria. Porque el juramento hipocrático habrá retomado su profundo sentido de cuidado de la vida. Porque la política volverá a ser una palabra sagrada y no el nombre de la ignominia.

Esta es la pregunta que nos presenta Gonzalo Rojas. Aquí indaga, brevemente, la importancia e implicancias del 21F. Este artículo publicado en Los Tiempos no ha perdido vigencia.

Sencillamente porque el pueblo, constituido como tal en la concurrencia a las urnas, dijo no al prorroguismo, dijo no a que los actuales presidente y vice se sigan reeligiendo teniendo el aparato del Estado a su disposición con la cada vez menor institucionalidad. Ya fue una audacia de la actual Constitución el que se permitiera dos periodos consecutivos -a diferencia de la precedente, donde solo era posible después de un periodo-, y aunque había el acuerdo político de contabilizar el primer periodo de Morales y García, explícito en la disposición transitoria primera, parágrafo II de ese mismo Cuerpo legal, éste fue burlado con el beneplácito del Tribunal Constitucional que los habilitó al actual  tercer periodo. Como los desempeños electorales previos del MAS desde que es oficialista han sido en general exitosos, y queriendo asegurarse un cuarto se convocó al referéndum del pasado año y el rechazo fue mayoritario, como suelen ser en este tipo de decisiones, donde se tiende a polarizar entre las dos únicas opciones en disputa. Solo abiertas dictaduras ganan por porcentajes elevados, y a veces ni así. Pero en ninguna democracia digna de ese nombre se busca cambiar el resultado antes de cumplirse ese mandato. Un importante estudios contemporáneo de la democracia sostiene que esta necesita de “buenos perdedores” para sobrevivir.

No es poco mérito el despliegue ciudadano para ponerle un alto a un régimen que entiende la política en un sentido muy simple, derrotar “enemigos” electoralmente (y alguna maniobra “extra”, si es preciso) y hacer campaña, antes que gestión pública. A estas alturas, episodios de manejo prebendal y clientelar como el Fondioc y más recientemente la lógica de funcionamiento de la UPRE del Ministerio de la Presidencia, sólo tienen coherencia bajo ese prisma, el de asegurarse electorado fiel, no el de atender necesidades sociales con perspectiva de sostenibilidad y ciudadanización integral. Bajo tales premisas, es consecuencia lógica la ausencia de diálogo y debate público con distintos sectores, propio de una vida democrática que necesariamente incluye a la oposición y no es el monólogo descalificador de otras visiones al que está habituado el régimen en voz de sus principales funcionarios. Del mismo modo, la persistencia de servicios precarios (salud, educación, etc.) cuando no definitivamente deficientes como la provisión de agua potable en varias ciudades capitales. Desde luego que hay razones estructurales para estas dificultades, pero la disponibilidad de recursos inédita en nuestra historia no tiene correspondencia con un gobierno que debiera preveer y planificar respuestas adecuadas a ello. Para eso se necesita personal calificado, no simplemente adeptos, esos “chupa tetillas” del que habla el propio Presidente.

Nuestra dependencia de la explotación de recursos naturales, gas y minería, es hoy mayor que cuando empezó esta “era Evo”, sin embargo esa condición es acompañada de rimbombante propaganda que muy pocos creen. El periodismo de investigación, algunas de las más antiguas ONGs y algunos centros académicos, consiguen a duras penas algo de información para monitorear lo que quisiéramos fueran logros importantes para nuestra sociedad y la respuesta del régimen es la descalificación y una draconiana legislación a la que puede seguir la acción judicial –justamente del órgano que el propio gobierno reconoce con grandes limitaciones- contra esa curiosidad y mirada crítica imprescindible en una sociedad democrática, que fortalece así su ámbito público; pero ese no es nuestro caso.

 La política hoy no es ni puede ser monopolio de unos cuantos “elegidos” por su proximidad al régimen y a los titulares transitorios de éste. El burdo maniqueísmo con el que actuales voceros se colocan en el polo “izquierda” lo que muestra es el desgaste de esa polaridad para cualquier análisis significativo, pues automáticamente invalidan al resto, negándoles cualquier intervención legítima, erosionando gravemente la cultura ciudadana y acercando al conjunto muy cerca al autoritarismo, como vemos en experiencias cercanas en la región, en larga y dolorosa crisis una vez que la figura del caudillo desaparece de escena, porque se revela mortal como todos. Los empeños de deificación al actual mandatario son verdaderamente a contramano de procesos de modernización democrática. Incluso ahora puede tener las complejidades de configurar una democracia intercultural que recupere rasgos señeros de lo que la Constitución (Art. 11) denomina “democracia comunitaria”, como el turno o muyu, que es precisamente la alternabilidad en cargos de responsabilidad, que no privilegio vitalicio ni acumulación de prerrogativas. Del mismo modo, los cantos de pachamamismo, cuya figura visible fue el excanciller, en vez de inteligente ecologismo ha devenido en un fiasco folklorizante del régimen que pone en riesgo el futuro de las inmediatas generaciones de conciudadanos y conciudadanas con la continuidad extractivista. Por eso me sumo a la fiesta ciudadana, para que haya la renovación ya decidida.

*Politólogo y profesor universitario.

Publicado en Los Tiempos, Cochabamba, 20 de febrero del 2017. También en ANF, La Paz, 20 de febrero del 2017. Y también en “Ideas” suplemento dominical de Página Siete, La Paz, 19 de febrero de 2017.

En este breve articulo Gonzalo Rojas hace un balance de las recientes elecciones judiciales. Por un lado está una impresionante movilización popular y por otro el desprecio del oficialismo hacia los resultados.

Acabamos de concurrir a los urnas para, formalmente, elegir magistrados del órgano judicial del país. Sin embargo, es inocultable su vinculación con otro hecho de la mayor importancia y gravedad: en la misma semana, el martes 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a  un mes de cesar en sus funciones, hizo conocer el fallo que da curso al pedido de algunos miembros del oficialismo de hacer prevalecer un supuesto derecho humano del presidente del Estado por encima de la restricción del Art. 168 constitucional que prohíbe más de un par de periodos continuos en esas altas funciones. Como es sabido, además está vigente el resultado del del referéndum  del 21F 2016 cuando la ciudadanía le negó la posibilidad de anular dicha restricción perfectamente coherente con la existencia de una presidencia institucional.

Los resultados de esta reciente consulta muestran algo más de la mayoría absoluta de votos emitidos por el “nulo” que sumados a los “blancos” representan 2/3 de los votantes. Por tanto, solo el tercio dieron su respaldo a alguno de los postulantes que son los “votos válidos”. En una elección cualquiera esto ya es preocupante, en la actual, que reitera–agravados- una tendencia de la vez anterior (2011) no solo es preocupante sino está mostrando una situación de crisis. No del sistema judicial, que desde luego está y hace tiempo, sino del sistema político.

La inadmisible ceguera del oficialismo que repite que “se respeta el resultado del 21F” solo porque no hubo reforma constitucional –y sí la triquiñuela del TCP- que de aplicarse ese fallo que omite referencia al 21F es lo que está trasuntando el profundo malestar que no puede atribuirse a conspiración alguna. Esto es lo que subyace en la impresionante movilización ciudadana para expresar el voto nulo, incluida la supervisión y resguardo de los escrutinios que hacen inocultable ésta tendencia, la del rechazo al régimen, incluida la innovación de elegir jueces. No es forzada esta interpretación. lo dicen líderes de opinión, los activistas ciudadanos y los mismos ciudadanos y ciudadanas que con las fotos de sus papeletas anuladas circulan en las redes de manera apabullante.

Pero hay algo triste en ello. Si bien es de admirar el compromiso ciudadano para hacerse escuchar en su protesta en las urnas, como formalmente el asunto es la elección de jueces, el sistema político puede –obtusamente- ignorar este clamoroso signo. Y esto está haciendo, según las declaraciones de los habituales voceros del oficialismo, incluidos los mandatarios principales. Esta incapacidad para hacerse cargo de tan estruendosa derrota pone en entredicho gravemente la continuidad de la vida democrática del país. Ya se han escuchado proclamas que piden privilegiar otro tipo de recurso de protesta, que de ponerse en marcha seguramente traerán violencia y luto. Porque autoconvencidos de la lejana legitimidad del “proceso de cambio”, los actuales miembros del oficialismo son, hasta ahora, incapaces de procesar inteligentemente los datos de la reciente concurrencia electoral.

*Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo, profesor e investigador del postgrado de la universidad pública.

En 2005 Evo Morales fue elegido presidente. Hoy, se ha convertido en tirano. El primer tirano del siglo XXI. Depende de nosotros que sea el último.

Declaramos que no reconocemos la resolución del Tribunal Constitucional porque viola la Constitución y la voluntad popular porque recordamos que Bolivia dijo NO el 21 de febrero de 2016. Pero, al mismo tiempo, establecemos que no enfrentaremos la ilegalidad con la violencia irracional, sino con la resistencia democrática. Por tanto, desde hoy declaramos que vamos a intervenir en todos los espacios democráticos y que no vamos a caer en la trampa dictatorial del gobierno.

Por eso, hoy llamamos a todos los colectivos ciudadanos a defender la democracia. Por eso, hoy demandamos a todos los partidos democráticos, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la Central Obrera Boliviana, a los Comités Cívicos, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las Juntas Vecinales, a los dirigentes políticos, organizarnos de manera unitaria con una sola voz. Por eso, hoy exigimos a todos los ciudadanos y ciudadanas reunirnos en una sola voluntad nacional.

Porque el MAS ha roto nuestra bandera, ha roto nuestra democracia. Y por consiguiente, hoy salimos a las calles nuevamente no sólo para defender la democracia, sino para reconquistarla. Porque la democracia es nuestra, no del tirano. Por eso mañana jueves 30 de noviembre iniciaremos esta resistencia con una marcha de repudio a la reelección indefinida. Por eso el 3 de diciembre continuaremos esta lucha votando nulo. Para que el 2019 refundemos la democracia, la verdadera democracia boliviana.

Foto: gentileza de Satorie Gigie

En este último artículo, con el cual cerramos la serie sobre las elecciones judiciales, nos concentraremos en el papel desempeñado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en dos ámbitos claves.

En uno primero, cómo interpretó el fracaso del proceso electoral de 2011, y qué decisiones ha asumido para asegurar un curso distinto en las elecciones próximas de diciembre. Y en uno segundo, cómo se ha situado con respecto al voto “nulo”, cuya importancia estratégica ha motivado un debate, el cual no es muy común en ningún otro país.

Las elecciones de 2011

Según el TSE el fracaso de las elecciones de octubre de 2011, cuyos  votos “nulos” fueron superiores a los votos válidos, se debió a factores logísticos. Con el fin de revertir esta anomalía y evitar  la “confusión” de la ciudadanía por la “falta” de información sobre los “méritos” de los postulantes, propuso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) modificar algunos artículos de la ley electoral.

Estas modificaciones debían generar espacios de “diálogo” y de información. Pero como a la vez el Tribunal no cuestionaba la prohibición de realizar “campañas”, entraba en contradicción: no era posible conjugar una cosa con la otra: no se podía garantizar la libertad de información y simultáneamente restringirla indebidamente.

La ALP  fue menos conservadora y autorizó la realización de “conversatorios”,  y de “debate público” -que es más que un simple “dialogo”- pero tampoco pudo escapar a la contradicción.

Decidió que la apertura al “debate” debía limitarse a la difusión de las “capacidades” y la “trayectoria” de los candidatos, a los cuales, sin embargo, no se les permite “emitir opinión”  que “favorezca o perjudique” a otros postulantes, ni “solicitar” el voto.  Es decir, conforme a las modificaciones,  puede haber “debate” pero no “campaña”, lo que no  es consistente.

Con arreglo a estas “mejoras”, el TSE aprobó, con el “apoyo especializado” de la UNESCO, un “nuevo” reglamento que es ciertamente  menos punitivo que el anterior e intenta ser más permisivo y más afirmativo. Con todo, tampoco el reglamento escapa al impase y tampoco podría, por ser de menor jerarquía: no basta con proclamar el reconocimiento del derecho a la información, la comunicación y la “deliberación” para restaurar los principios internacionalmente aceptados para calificar un proceso electoral como “auténtico”, si al mismo tiempo sigue vigente la prohibición constitucional y legal de hacer campaña.

En lo que sí hubo un giro notable fue en  departamentalizar  la composición del Tribunal Constitucional, en contradicción con el carácter “nacional” del mismo.

Una vez hechas las adecuaciones regulativas, el TSE afinó sus objetivos y puso en marcha su estrategia de “comunicación” con grandes recursos y medios para inundar el país con “información” selectiva sobre los “méritos” de los candidatos. En los spots,  los candidatos  se  complacen en listar los diplomados obtenidos en el mercado floreciente de títulos, y en repetir hasta el hastío artículos constitucionales y de ley muy obvios, lo que no proporciona ningún conocimiento sobre lo que valen .

Sobre el voto nulo

Pero a la vez el TSE se ha esmerado en descalificar el voto nulo y desactivar su potencial disruptivo en sus dos niveles: en el político y en el legal. En el político porque debe evitarse que el voto “nulo” sea nuevamente masivo y no marginal, y peor aún, mayoritario respecto al  voto “válido”.

Y en el legal, por la alquimia de ser una cosa para convertirse en otra, reforzada por el sentido que le otorga al voto nulo la Ley del Régimen Electoral en vigencia. Para el caso en esta ley existen dos artículos distintos. Un artículo (el 169 c)  hace referencia al voto “nulo” en su sentido usual,  y que como tal figura aritméticamente en el acta de escrutinio. El  otro, que es  el 161. I, le reconoce una significación al voto “nulo” que está ausente en toda la legislación comparada y en la legislación nacional pasada. Este segundo artículo conceptualiza el voto “nulo” como una manera de “manifestar” la “voluntad” del elector, junto al voto “válido” y al voto  “blanco”. Es decir, y  en primer lugar, el voto “nulo” sería  del mismo rango que el voto “válido”, pues  ambos “expresan” la voluntad del elector.

Con ello, y en segundo lugar, el artículo 161, I ha  elevado la categoría de ser  “nada” del voto “nulo” a la categoría  de “ser” algo: la de ser   parte de la voluntad popular y soberana,  que se  expresa de una cierta manera.  Ya no es la  pura  negatividad, susceptible de anulabilidad por no haberse votado “bien” siguiendo las pautas establecidas; ya no es el “mal” voto,  sin valor, de  “rechazo”, sino que expresa “positivamente” que no se está de acuerdo con los candidatos que le han sido propuestos  y ni con el sistema que los ha producido.  En este sentido, el voto “nulo” vale.

Este reconocimiento tiene o puede tener consecuencias no sólo políticas sino legales, que rebasan el marco tradicional. El que el voto “nulo” pueda ser  mayoritario respecto a los votos válidos y valer como “manifestación” de la “voluntad” del elector con el mismo rango que el voto “válido”, puede cuestionar la validez de la votación. Y así el voto “nulo” se convertiría no sólo en fuente fáctica sino jurídica de invalidación  de los resultados electorales. Todo esto sería congruente con su condición de ser una “manifestación” de la voluntad del elector, que es tanto como decir soberanía popular, inalienable e inderogable.

Sin embargo, de estas implicaciones el órgano electoral no sólo  ha persistido en negar esta nueva realidad legal del voto “nulo”, sino que varios de sus vocales lo  han interpretado al revés, como una negación de la democracia,  e insistido en que  votar “bien” consiste en optar por una candidatura de las listas impuestas por el Gobierno. Es decir, no sólo no se cumple con el deber de señalar que el voto “nulo” vale, sino que además en los hechos todo su plan de información favorece a los candidatos del Gobierno. Las amenazas de sancionar a los que convocan a votar “nulo” tienen el mismo propósito, pero carecen de  fundamento jurídico y son una imposibilidad práctica.

¿Cuál es el juego del TSE, que hace posible que el Gobierno se ocupe ante todo de presionar por la reelección consecutiva, y no interferir en el proceso, como lo hizo en 2011?

Por último, si al proceso electoral ya contaminado sumamos el hecho de que se votará con un padrón biométrico no auditado; en asientos y mesas electorales que han crecido desmesuradamente en los últimos años; sin delegados de mesa con facultades legales de fiscalización; entonces las llamadas “democracias en ejercicio” que tanto aficiona el Órgano Electoral, no son en absoluto homologables a la idea de democracia de las cartas, convenciones y pactos internacionales. Es la democracia “populista”  que mata la democracia  de los derechos garantizados y  hace imposible la justicia “justa”.

El autor hace un análisis y opiniones sobre las elecciones judiciales que se avecinan. En esta nota señala que la prohibición constitucional de hacer campañas electorales viola los mismos derechos que la Constitución garantiza.

En cuanto despuntaron  las críticas sobre la pertinencia y las eventuales patologías del voto universal para elegir magistrados, los que redactaron la Constitución Política del Estado (CPE) incorporaron recaudos y restricciones, que ni la comisión respectiva ni la Constituyente en pleno tuvieron ocasión de debatir.

El más relevante fue sin duda el artículo 182, III que prohíbe a los postulantes a los cargos judiciales realizar campaña electoral. Esta prohibición no existía en el proyecto de Constitución aprobado en Sucre y fue incorporada  discrecionalmente antes de la plenaria en Oruro. A su vez, el texto de Oruro es igualmente distinto del aprobado posteriormente por el Congreso, que extendió la prohibición de hacer campaña a cualquier persona y con ello agravó el problema de la democraticidad del proceso.

Garantías de las que gozan las campañas

Sucintamente  puede decirse que un proceso electoral es un conjunto de etapas y actividades reguladas que tiene por objeto el ejercicio del voto.  Pero se trata del ejercicio del voto en  elecciones «auténticas”, como subraya la Carta de Naciones Unidas y otros documentos posteriores, cuyo carácter «genuino” depende del reconocimiento y la efectividad de la «libertad de opinión y de expresión”, que hay que entender, según esta misma Carta (artículo 19), como un derecho  a » investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este derecho junto al  de «reunión y de asociación” (artículo 20) son condiciones «esenciales” para el ejercicio del voto, asegura a su vez el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en consonancia con otros documentos internacionales.

Este mismo comité ha explicitado el alcance de  estas declaraciones,  afirmando sin equívocos que la libertad de expresión es «fundamental” para el ejercicio del derecho al voto y que la libre comunicación de información y de ideas quiere decir comentar cuestiones públicas «sin censura ni limitaciones”,  «debatir”, «criticar”, hacer «campaña electoral” y «propaganda política”.  Estos  derechos, apunta el comité, están garantizados por los artículos 19, 21 y  22  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que, por tanto, cualquier «sistema electoral” debe ser «compatible” con los derechos amparados por el  artículo 25 del Pacto Internacional.

O dicho de otra manera,  el «voto” en democracia  es  el «derecho” a  «participar libremente” en los asuntos públicos y en la formación de una voluntad colectiva. Por esta razón, «es capital”, de acuerdo con la reconocida Comisión de Venecia, que la «campaña electoral” se desarrolle en un ambiente que garantice  la «libertad de expresión, de asociación y de reunión”, cuya ausencia puede dar lugar a «reclamaciones” y son «recurribles”, según el Pacto Internacional (artículo 3 a). A su turno,  el Pacto de San José, al reconocer  estas libertades como  derechos (artículo 13, 15, 16), pone especial énfasis en  que la libertad de expresión no puede  estar sujeta a «censura”.

Las restricciones  a las que alude el párrafo 3  del artículo 19 del Pacto Internacional, como el respeto al honor de las personas, en «ningún caso” deben poner en «peligro” -advierte el mismo Comité de Naciones Unidas- el derecho propiamente dicho  ni «obstaculizar” el «debate público” y no es aceptable hacer valer leyes que «supriman”  información de interés público legítimo. Tales restricciones deben ser «proporcionales” y con la menor cantidad de efectos perturbadores para conseguir el resultado deseado. Ahora bien, está claro que la restricción establecida en la CPE (mencionada más arriba) es radicalmente «desproporcional” con respecto al objetivo buscado de evitar la «politización” y las patologías del proceso electoral, pues el haber eliminado la «campaña electoral” es una  violación flagrante de los derechos civiles y políticos fundamentales declarados  «inviolables”.

Mas transgresiones

La  prohibición  constitucional  alcanza  también  a los medios de comunicación. Impedir  publicar libremente  es incompatible con el artículo 19 del Pacto Internacional  que se refiere a la «libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole”, y riñe con  los postulados del Comité de Derechos Humanos, según los cuales   el ejercicio de los derechos políticos  comporta  la existencia de una prensa y de medios libres capaces de «comentar” cuestiones públicas «sin censura”;  que la libertad de opinión y expresión incluye el  derecho a «buscar”, «recibir” y «difundir” informaciones e ideas o formular «comentarios” «sin limitación de fronteras” sobre temas políticos  y públicos, discusión sobre derechos humanos, campañas de «puerta a puerta”, etc. La libre comunicación de información e ideas entre  ciudadanos y candidatos es «indispensable”.

El  artículo 182, III de la Constitución de Bolivia viola en Derecho y en los hechos unos derechos civiles sin los cuales no es factible el ejercicio pleno de los derechos políticos. No hay Constitución del mundo que incurra en esta doble violación.

Pero el alcance  de la cláusula prohibitiva es de tal magnitud  que la Constitución  termina violándose a sí misma, pues ella reconoce que los derechos fundamentales  son «inviolables” y, que  por esta razón, el Estado  debe «proteger ” y «garantizar” su ejercicio. Esta violación es tanto mayor cuanto que la misma Constitución prescribe que el goce de esos derechos no puede suspenderse en «ningún caso”, aún si  se tratara de «estados de excepción”.

Sobre esta base constitucional, la Ley del Régimen Electoral y el reglamento se explayaron en desarrollar el componente  punitivo «in crescendo”. Cuanto más se sale de la Constitución,  se pasa por la ley y  se llega al reglamento, las reglas se hacen más punitivas, hasta entrar  en contradicción consigo mismas. La CPE sólo contempla la sanción a los candidatos y personas particulares; en la ley la sanción se extiende a los medios, y en el reglamento se especifica que las sanciones son pecuniarias y arrestos. Las correcciones posteriores solo son periféricas.

Lo inusitado  de todo este andamiaje es que quien pretenda ejercitar ciertos derechos considerados «inviolables” sea objeto de  sanciones por esto. Por ello no deja de producir perplejidad  que este aspecto tan decisivo apenas haya sido cuestionado en el país. ¿Es la debilidad de la idea de democracia como régimen de derechos y garantías, y la fortaleza de la democracia «populista”?

Esta disociación entre proceso electoral sin campaña electoral es tan chocante aun para nuestros hábitos tradicionales, que su  incumplimiento  pone en figurillas al Órgano Electoral.

En estas condiciones es más pertinente que nunca recordar que en materia de derechos, los tratados y pactos internacionales son de aplicación preferente respecto a las prohibiciones de la Constitución. ¿Un proceso electoral que viola tanto  derechos fundamentales  puede ser  reputado «democrático” sin degradar la idea misma de la democracia?

Este artículo fue escrito por Jorge Lazarte, politólogo y notable de la anterior Corte Nacional Electoral. Fue publicado en Página Siete (19.11.17). Pertenece a una serie de artículos sobre el sistema judicial de este autor. Interesa por su diagnóstico, análisis y eventual horizonte ante las elecciones judiciales del 3 de diciembre.

La afirmación que se escucha  casi a diario, y con razón, de que la “justicia” está peor que nunca, solo puede querer decir que la ocurrencia de recurrir al voto universal para elegir los altos magistrados del sistema judicial ha fracasado doblemente: fracasó en la elección y fracasó en el desempeño de los “elegidos”.

Fracaso del proceso

En cuanto a lo primero, si sumamos las falencias del proceso electoral los derechos que se violan y las prohibiciones que abundan, los candidatos oficialistas y de escasa relevancia pública, un órgano electoral salido de una chistera, de dudosa credibilidad y responsable de las fallas administrativas y logísticas, y el sentimiento colectivo ampliamente difundido de que se jugaba con dados cargados, entonces se comprende que el resultado de la votación de octubre de 2011 haya sido un desastre, sin parangón no solo en toda la historia electoral del país, sino en la experiencia internacional.

El desastre electoral se patentizó en la relación inusual entre votos válidos y no válidos. Los votos no válidos (59%) fueron superiores a la suma de los votos válidos (40,7%). Es decir, los candidatos fueron rechazados mayoritariamente. Si desagregamos este resultado por ramas judiciales y nos referimos  al  Tribunal Constitucional -órgano jurisdiccional tan decisivo en la tutela de los derechos- el desastre fue más catastrófico aún. El candidato a este Tribunal más votado obtuvo sólo el 15,5% de los votos válidos; el siguiente, 10,4%, y la última candidata 5%; el promedio de los siete “elegidos” fue de 7,9%.

Este rechazo tan contundente no fue un impedimento, sin embargo,  para que el Gobierno, eufórico, anunciara con fanfarrias que con la “elección” de los nuevos magistrados estaba naciendo una “nueva” justicia, que pondría en marcha la “revolución” judicial. Ni tampoco  fue un disuasivo para que los magistrados del “pueblo”, muy sueltos de cuerpo,  alegaran que habían sido “elegidos” por “el pueblo”.

Unos y otros desvelaban lo que valía para ellos la “democracia”, aún en su sentido tradicional.

En su descargo puede decirse que la fórmula legal de conteo de votos los amparaba. Solo que ésta es una legalidad que en este caso reñía con el sentido común, abriéndose una brecha entre ella y la legitimidad, que le fue negada. En democracia ambas categorías (legalidad y legitimidad) deben aproximarse y no lo contrario.

Fracaso del producto

En cuanto al segundo fracaso, puede decirse que el desempeño en la calidad e idoneidad de los “elegidos” en la administración de justicia fue otro desastre. El contexto de descrédito del proceso de votación fue un poderoso disuasivo para que juristas de calidad en el país no acudieran a presentar sus candidaturas, pero sí lo hicieran abogados muy cercanos al poder -muchos de ellos cuando atravesaban  la primera etapa de su carrera-, promovidos  por “organizaciones sociales” cooptadas por el Gobierno, que creían que esos espacios de poder les pertenecía como coto privado. Se postularon a asesores jurídicos y personal de confianza pero de escasa formación.

Luego se intentó atenuar la ausencia de calidad con asesorías para cada magistrado  financiadas por la cooperación internacional. En el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según datos conocidos, cada magistrado tenía 11 asesores y dos abogados. Las planillas de gastos del TCP crecieron en más del doble el primer año; su personal se triplicó en menos de tres años. Y cuanto más crecía en estos rubros, más bajaba su solvencia pública.

Esta  abrupta llegada de “magistrados” improvisados a las más altas esferas de la justicia institucional, los impulsos liberados por el entusiasmo de creerse “elegidos”, provocaron un ríspido y poco respetuoso  relacionamiento entre muchos de ellos (con excepciones que no se  recuerdan): denuncias públicas permanentes, acusaciones mutuas, procesos judiciales, golpes internos de poder, conflictos sobre viajes ,    rencillas personales incontrolables, declaraciones altisonantes, etc.; los cuales, por su surrealismo, escandalizaron al país, hasta que éste se habituó  a ellos.

Un entramado tan poco edificante y nada compatible con la dignidad del cargo provocó la condena pública. No sólo que un 66% de los consultados por una encuesta reprobaba la justicia; lo lapidario era que un 56% juzgaba que la justicia  estaba “peor” desde las elecciones judiciales del 2011. Una encuesta mundial de Worl Justice Proyect (2016) confirmaba este descalabro y colocaba a la justicia boliviana entre las diez de menor confianza de 113 países, junto a Venezuela, el más bajo, y cerca de Uganda, Pakistan y Zimbabwe.

Ambos fracasos fueron como abrir la caja de Pandora y dejar salir a los viejos y nuevos demonios: las lagunas o vacíos de formación de los jueces, las deficiencias de los mecanismos de elección, los huecos en la enseñanza universitaria, la incuria administrativa, los prevaricatos y las venalidades de siempre, la escasa cultura jurídica de un  país, tan afecto a la vía expeditiva (37% cree que el linchamiento es un derecho). No es, pues,  un azar que Bolivia figure entre los países en los que menos se  apoya al Estado de Derecho en América Latina.

Peor que nunca

Fracasó la apuesta del gobierno de “descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia” (2007). Y fracasó con estrépito la revolución judicial “populista” fraguada en la Constituyente. La caja abierta arrasó con casi todo, y poco ha quedado en pie. La aspiración nacional de tener una justicia creíble y confiable,  está hoy más lejos que nunca. La que sí le fue exitosa fue la estrategia gubernamental de controlar el “poder”  judicial, que le fue funcional de manera selectiva.

Y como los males no suelen venir solos, este deprimente cuadro se cierra, a modo de epitafio, con magistrados con procesos radicados en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, a la espera de una decisión política: de los 28 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, 17 enfrentan 84 procesos de responsabilidad, con denuncias de manipulación de cargos, prevaricato, uso indebido de influencias, falsedad ideológica y material, asociación delictuosa, extorsión, entre las más notorias.

Varios de estos procesos o denuncias proceden de unos magistrados contra otros. En cuanto a jueces y fiscales, los cargos contra ellos por diversos delitos son legión y están radicados en otras instancias.

Este es el saldo final de una experiencia que ni en los momentos de mayor delirio habría sido posible imaginar. Sobre los escombros hay necesidad de reconstruir el sistema judicial inspirado en un modelo distinto al improvisado en la Constituyente y con operadores a los cuales las exigencias de imparcialidad, independencia, idoneidad  y alta moralidad no sean trajes demasiado grandes. Pero está claro que la revolución para una justicia “justa” debe empezar en la cabeza de los que tienen el poder en sus manos.

No ha existido un Gobierno con mayor acceso a recursos en la historia de Bolivia que el que conduce Evo Morales desde enero de 2006. Los elevados precios de los hidrocarburos y minerales que exporta Bolivia fueron para Morales como “sacarse la lotería”, lo que generó que recibiera, según cálculos especializados, 60.000 millones de dólares adicionales a los que hubiera recibido sin ese incremento de precios.

Lamentablemente, esos ingresos no ayudaron al país a mejorar sustantivamente su situación social y económica. Para lo que sí ha servido esa enorme cantidad de recursos ha sido para alentar una corrupción desbocada, la más obscena de la vida republicana boliviana. Casi cada semana estalla un escándalo que involucra a autoridades o funcionarios públicos. A veces, esos escándalos son diarios; como cuando se han denunciado desfalcos en el estatal Banco Unión, en el Ministerio de Defensa y en ENTEL. ¡Un escándalo por día!

Entre los actos de corrupción más vergonzosa de esta década está el del Fondo Indígena, que distribuyó 300 millones de dólares entre 900 dirigentes de organizaciones sociales. El dinero fue depositado, por órdenes del Ejecutivo, en sus cuentas bancarias personales, no en las de sus organizaciones. Fue una forma, descarada y al mismo tiempo triste, de corromper a los movimientos sociales y volverlos dependientes del Ejecutivo.

No sólo la corrupción es lo que afecta al Gobierno: también el malgasto, el afán obsesivo de realizar obras de gran magnitud, pero de escaso impacto y que generan gasto, no inversión. Se construyó una planta de azúcar en San Buenaventura, pero no existe caña suficiente para hacerla andar. Se construyó la planta separadora de líquidos del Gran Chaco y no existe gas suficiente para que opere. Se ordenó la planta de urea del Chapare, pero tampoco hay para ella la materia prima para que trabaje de manera que obtenga utilidades. En el tema del litio ocurre lo mismo: después de 10 años y 500 millones de dólares utilizados, no se ha producido ni un kilo de carbonato de ese mineral. Ese tipo de obras se cuentan por cientos: estadios y canchas sin público, aeropuertos sin aviones, palacios lujosos con alfombras persas para mimar a engreídas autoridades cada vez más alejadas del sentimiento del pueblo.

Por cada 20 canchas construidas para que Morales juegue fútbol, su Gobierno construye una escuela y una posta sanitaria. Así de perdido está un Gobierno alejado completamente de sus objetivos originales.

El Movimiento Ciudadano ha realizado una obra artística para representar esa situación. Una montaña de dinero, de tres metros de alto, es la que simboliza los miles de millones de dólares malgastados o robados por las autoridades en esta “década perdida”. Lo que busca esta obra es generar conciencia entre los bolivianos de las magnitudes de dinero erogadas. Seguramente los montos reales alcanzarían para construir cien montañas de dinero similares, pero lo que buscamos es representar, con una sola de ellas, cómo las autoridades se enriquecen mientras el pueblo se empobrece.

El fracaso de la elección de magistrados de 2011 y la posterior degeneración del sistema judicial demostró que la justicia al servicio de un gobierno y de un partido está peor que nunca. ¿Por qué, entonces, el MAS insiste en repetir un modelo de elección de magistrados del Poder Judicial que, incluso en sus propios términos, ha conducido a un sistema judicial que está podrido?

Porque el gobierno quiere una justicia que continúe a su servicio. Una justicia que no persiga a la corrupción. Una justicia que viole la Constitución. Una justicia que abuse al pueblo. Por esto todos los candidatos han sido impuestos por los dos tercios que tiene el MAS en la Asamblea Legislativa.

Porque el MAS necesita asegurarse de que el Poder Judicial continúe sometido a sus objetivos políticos. Un Poder Judicial que proteja a sus militantes. Un Poder Judicial que persiga a los que denuncian sus abusos y su corrupción. Un Poder Judicial que sancione a los ciudadanos críticos.

Porque Evo Morales quiere que su repostulación sea legalizada. Quiere una justicia a la que no le importe la democracia, sino únicamente la defensa de sus privilegios. Quiere una justicia que acepte su repostulación y niegue la voluntad popular expresada en el No el 21F. Quiere una justicia que formalice su deseo de un gobierno vitalicio.

Declaramos, por tanto, que estas elecciones judiciales son el momento en el que los bolivianos tendremos que denunciar la legalización de la dictadura. Son el momento en el que rechazaremos la injusticia, la corrupción y la reelección. Son el momento para recuperar el derecho de todos los bolivianos a decidir el destino de nuestra democracia.

POR TANTO, el Movimiento Ciudadano CONVOCA A ANULAR EL VOTO EL 3 de DICIEMBRE

El “experimento” del voto para elegir magistrados

Iniciamos una serie de artículos de Jorge Lazarte sobre las elecciones judiciales. En éste se considera que el mecanismo del voto es “perverso” en este campo.

domingo, 29 de octubre de 2017

El anuncio solemne de enero de 2012 y desde las más altas esferas del Gobierno de  que había nacido, por fin, una «nueva” justicia, terminó siendo una cruel ironía.

Luego, tiempo después, ante la contundencia del fracaso, y sin rubor, esas mismas fuentes aseguraron que esa «justicia” era un «desastre” y que estaba peor que antes. Las razones que sustentaron la «revolución judicial” se desplomaron sin apelación.   Se afirmó que la elección por el voto popular es «democrática” y, por tanto, con ella se eliminaría el «cuoteo” judicial de los partidos «neoliberales”. El efecto final sería evitar su «politización”.

Hoy ya es demasiado evidente que estas afirmaciones eran falaces. El «cuoteo” de partidos fue reemplazado en mayor escala por el «cuoteo” corporativo de las «organizaciones sociales” cooptadas por el poder; la «politización” se ha acrecentado. Y. como si eso no bastara, la incompetencia y baja moralidad superaron las estimaciones más pesimistas y todos los parámetros tradicionales. Lo que resulta menos evidente es el carácter «democrático” del voto, tal como se ha prescrito para las elecciones judiciales.

La raíz del problema

Ciertamente, el actual  proceso político  para «elegir” en diciembre próximo, por voto universal, a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  ha activado  críticas de distinto orden y seriedad,  muchas de ellas     focalizadas en  el reglamento de selección de los candidatos.

En unos casos esas críticas provinieron de las esferas gubernamentales interesadas en persuadir a la opinión pública de que se quiere evitar el desastre de las elecciones de octubre de 2011 y sus no menos desastrosas consecuencias. En otros casos, los propiamente críticos, se tenía la pretensión de que con algunos cambios importantes podría facilitarse la elección de juristas probos e independientes. Empero, ambas críticas compartían la idea de que las modificaciones en las reglas de votación no debían alterar la sustancia misma que sostiene al reglamento, que es la ley, y, por encima de esta última en jerarquía normativa,  no tocar la Constitución Política del Estado (CPE).

A juicio nuestro todas las disfunciones producidas en el proceso electoral de 2011 estaban inherentemente vinculadas con el  «modelo” de justicia diseñado en la CPE, del que fueron su resultado, y que, al dejar inalterada la sustancia constitucional, sólo reproducirá en las próximas elecciones de diciembre, quizá de manera menos torpe,  lo que ya pasó hace seis años. Lo curioso es que haya sido el mismo Gobierno el que apuntó en un principio el lugar donde se encuentra la raíz del problema, aunque después le puso sordina, con la complicidad silenciosa de los que lo critican.

Como se sabe, esta forma de elección para los magistrados no existe en ninguna parte del mundo, excepto en la Constitución de Bolivia, calificada de «experimental” . En la Constitución del Japón (1946), que es la más próxima, el voto popular «ratificatorio” de los magistrados del Tribunal Supremo designados por el Gobierno se produce en las primeras elecciones de la Cámara de Representantes. Es decir, después de haberse probado durante un tiempo.

Y no existe fuera de Bolivia, excepto en algunos casos para elegir jueces y no magistrados, porque el mecanismo de elección por voto universal de los magistrados  es  intrínsecamente perverso, ya que da lugar a todas las patologías de los procesos electorales. Pero, además, porque la forma particular en la que este mecanismo ha sido estatuido en Bolivia no tiene límites en cuanto a la negación abrupta de los derechos fundamentales sobre la materia, y no se conforma con los estándares internacionales vigentes acerca  de las condiciones necesarias para que los procesos electorales sean considerados democráticos.

Sin lugar a dudas, puede parecer una paradoja y hasta una imperdonable arbitrariedad  que opongamos el voto universal a los derechos fundamentales, sobre todo porque la lucha por el derecho al voto, a su reconocimiento y ejercicio, ha sido larga y dura en el siglo XIX y en el siglo XX. El voto universal es una de las mayores conquistas de la humanidad, que ha consagrado al ciudadano como fuente de legitimación del poder político. Y sin embargo, en Bolivia, ya en pleno siglo XXI, ese derecho ha sido pervertido por el mecanismo del  voto universal para elegir a las más altas autoridades judiciales, que anula los derechos civiles y políticos, sin los cuales el voto pierde toda su significación democrática.

A lo largo de los artículos que seguirán a éste nos detendremos en este aspecto crucial hasta ahora descuidado, pero que es la marca de todo el proceso electoral para elegir a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP, y la base de toda la catástrofe posterior.

Llegar a la fuente

Está claro que la «crisis”  de la justicia es mucho más que la de sus operadores; pero también debe estar claro que aún si se contara con un buen sistema de justicia y con normas apropiadas, todo puede malograrse si los que tienen a su cargo su cumplimento, que son los jueces y magistrados, no son funcionales a las exigencias normativas, como ha sido subrayado abundantemente en los documentos y recomendaciones  de las instituciones especializadas del mundo y las convenciones internacionales. Y que, por tanto, si se pretende en serio contar con magistrados imparciales, independientes, competentes e íntegros, hay que remontar desde el reglamento, pasar por la ley y llegar hasta la matriz ordenadora, que es en sí misma  tóxica. En las discusiones que acompañaron el actual proceso, sólo pareció existir el reglamento, raras veces se aludió a la ley, y casi nunca a la Constitución, que parece ser el «punto ciego” de los críticos.

Con todo, las consecuencias perversas de este mecanismo y el revuelo provocado en la opinión del país han tenido el efecto revelador de lo hondo y multidimensional  que es el fracaso de la justicia en Bolivia, que fue como si se hubiera abierto la caja de Pandora, liberando a la luz  del día todas las hilachas escondidas secularmente, sea por resignación, sea por ventajas esperadas, pero que hoy, en el siglo XXI,  ya no son tolerables.

El fracaso de las elecciones de 2011 y todo el proceso degenerativo posterior puso de relieve por primera vez en la historia del país el carácter sistémico del fracaso de la justicia actual, que es tanto del sistema como de los actores, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, en el que era menos del uno y más de los otros.

El profundo malestar de la población se ha cristalizado en la demanda generalizada de contar con un régimen de  justicia que además de  funcionar adecuadamente, sea «justa”. Y no podrá ser «justa” con las actuales reglas de juego, entre ellas si se persiste en creer y hacer creer que por voto popular en la modalidad boliviana puede elegirse a los mejores juristas del país para las más altas funciones del sistema judicial del país.

José Antonio Quiroga es una de los activistas más involucrados de la Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad. En este espacio damos a conocer una reciente entrevista en El Deber sobre las razones por las cuales no quiso ser vicepresidente de Evo Morales. Sus razones, en esa oportunidad, hoy se ven validadas por el pulso antidemocrático del actual presidente. José Antonio Quiroga no quiso ser vicepresidente de Evo. Descubre por qué (El Deber 22.10.17)