En este artículo Gonzalo Flores analiza los incentivos que tiene la población para deforestar nuestros bosques. Explora la biodiversidad y hace una diferencia importante entre tierra y bosque. Se ocupa de la formación del mercado de tierras y sus vínculos con la destrucción de bosques que pudieran ser mejor gestionados.
La ocupación abusiva de un inmueble de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en el edificio Oruro en la ciudad de La Paz, por un grupo de militantes del partido de gobierno encabezados por Edgar Salazar, con agresión violenta contra Amparo Carvajal, legítima y legal Presidenta de esta histórica institución, se añade a la cadena de atropellos que caracteriza la conducta dictatorial del régimen imperante en Bolivia, y provoca la indignación de toda persona y organización con sentido humano y cívico, de vocación democrática.
La APDHB ha sido una trinchera de lucha por la vigencia de los derechos humanos a lo largo de la historia moderna del país, habiendo enfrentado a toda costa los embates de los regímenes dictatoriales que asolaron Bolivia hasta 1982 y desde 2006. Amparo Carvajal, su Presidenta, es un testimonio vivo de ese compromiso incondicional con la dignidad de las personas y la reposición de sus derechos. En ambos casos se evidencia la profunda convicción de quienes asumen esta causa en su verdadera y profunda dimensión, contra todo abuso y por todas las víctimas.
A tiempo de repudiar una vez más este nuevo acto de violencia paraestatal, amparada en el aparato gubernamental, exigimos la devolución del inmueble a la APDHB, y renovamos nuestro apoyo a esta institución y a Amparo Carvajal, poniéndonos a su servicio.
Comunicado Conjunto de Observatorio Jurídico Electoral “Del Revés al Derecho”, UNO, CONADE, Justicia es el Camino (Santa Cruz), Grupo CALI
Conocido el Informe Final del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su consideración en su 50° período de sesiones a realizarse del 12 de junio al 8 de julio de 2022, el Observatorio Jurídico Electoral “Del Revés al Derecho”, la Plataforma UNO, el Comité para la Defensa de la Democracia CONADE, el grupo CALI – La Paz y la agrupación de Abogados y profesionales ‘JUSTICIA ES EL CAMINO’ de Santa Cruz, expresamos al pueblo de Bolivia y al Consejo de Derechos Humanos:
Primero.- El diagnóstico de la situación del sistema de administración de justicia en Bolivia que realiza el Relator Especial muestra la grave crisis existente causada por diferentes factores que describe detalladamente, algunos de orden estructural y otros de carácter político, que afectan seriamente el Estado de Derecho y las garantías para el ejercicio de los derechos humanos.
Ante el progresivo desfinanciamiento de la Renta Dignidad, la plataforma Una Nueva Oportunidad comunica a la ciudadanía lo siguiente:
Cuando se creó la Renta Dignidad, se decidió ella sería financiada con el 30% del IDH (que el gobierno central trasfiere a Gobernaciones y Municipios) y los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas (hoy nacionalizadas). Sorprende saber que se estaría preparando un proyecto de ley que obligaría a los trabajadores a efectuar aportes que van de 0,3% hasta el 3% del total ganado, para asegurar el financiamiento de dicha Renta. También, que las empresas de telecomunicaciones con patrimonios superiores a 1.000 millones de bolivianos tendrían que aportar el 10% de sus ingresos brutos y finalmente, que Yacimientos de Litio de Bolivia, tendría que aportar el 30% de sus ingresos. Además, por DS 4716 el gobierno ha dispuesto que las “utilidades” de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) se destinen al Fondo Solidario y/o al Fondo de Renta Universal de Vejez.
