Una Nueva Oportunidad

Ante la reciente arremetida del MAS para hacer del TIPNIS un territorio sin finalidades ecológicas, la Plataforma UNO toma la palabra con esta posición.

TODOS SOMOS TIPNIS

 Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad

Existen al menos seis razones, de importancia e implicancia nacional, por las que convocamos a una resistencia de tod@s l@s bolivian@s para defender el TIPNIS:

1.- Ambiental y ecológica

La apertura de la carretera será la punta de lanza para una amplia deforestación y «colonización» de uno de los últimos bosques bien conservados de la región amazónica de Bolivia. Los efectos de la deforestación son principalmente tres: 1) La regulación de las lluvias en los valles de Bolivia (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca principalmente), fruto de las corrientes de humedad que llegan del atlántico, sufrirá una drástica alteración por la ausencia de la evapotranspiración e “impulso” que le da el bosque del TIPNIS a dichas corrientes, lo que provocará disminución de las lluvias en los valles y el área montañosa. 2) La falta de contención del escurrimiento de la lluvia en el pie de monte, provocará el incremento del caudal de los ríos y una mayor frecuencia de inundaciones aguas abajo, empezando por las comunidades del TIPNIS ubicadas en las riberas de los ríos, afectando inclusive a Trinidad y otras poblaciones. 3) El fraccionamiento del paisaje o territorio, implicará la disminución significativa o pérdida de la biodiversidad, siendo el TIPNIS uno de los pocos santuarios que quedan.

2.- Derechos indígenas

La Constitución Política del Estado y leyes nacionales, establecen el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando se trata de llevar adelante actividades estatales dentro su territorio. Lo que hubo fue una consulta “póstuma”, una burda falsificación y puesta en escena de matonaje estatal contra comunidades indígenas, en medio del conflicto desatado el año 2011. La misión de la FIDH y de la APDHB en consulta con los habitantes del TIPNIS, pudo constatar que la consulta no fue de buena fe, no se respetaron sus costumbres y tradiciones, finalmente sus resultados han sido falseados y manipulados. Los derechos indígenas no pueden ser una declaración, un requisito administrativo, sino un principio nacional y estatal de respeto a las formas locales de ver y reproducir su existencia. El estado no tiene ningún derecho a definir la forma de vida que deben llevar.

Por lo demás, consultar una ilegalidad deja un peligroso precedente. La carretera por el núcleo del TIPNIS es ilegal porque hay normas (desde la CPE hasta el Reglamento de Áreas Protegidas), que ponen límites a obras con efectos sistémicos devastadores y, por tanto, con costos mucho mayores que los beneficios.

3.- Pretexto de la intangibilidad

La intangibilidad, inscrita en la Ley 180 y su reglamentación, no prohíbe el desarrollo de actividades económicas de las comunidades indígenas amigables con el medio ambiente, ni la prohibición de construir infraestructura productiva y social (salud y educación). Lo que prohíbe son las actividades extractivistas que generan importantes pasivos ambientales, los asentamientos de personas ajenas (léase cocaleros, madereros, narcotraficantes) y las obras de alto impacto como una carretera. Por tanto, pretextar la intangibilidad para derogar la Ley 180 es una manipulación primaria y pueril.

Tomando en cuenta que la gran mayoría de las comunidades se encuentran muy lejos del trazo de la carretera, a la vera de los principales ríos del TIPNIS, si el gobierno quisiera cumplir de buena fe con su obligación, debería usar los ríos para proveer servicios básicos u otros adicionales. Es por eso que las comunidades dicen: el río es el camino.

Y si, como dice el discurso oficial, de integración y desarrollo sostenible se trata, entonces hagan la carretera por uno de los trazos alternativos propuestos por especialistas en la materia.

4.- Expansión de la coca, el narcotráfico y la extracción ilegal de madera

Con la carretera y la colonización, se expandirán los cultivos de coca. Hoy a diferencia del 2011, los cocaleros tienen a mano la ley que permite pasar de las 3.300 Has actuales (cato de coca por familia) a más del doble (7.700 Has). Sabemos que el 90% de la coca del Chapare no pasa por mercados legales, se va al narcotráfico. Por ello, incrementar al doble de hectáreas es dar un espaldarazo al narcotráfico y a todo lo que esto conlleva: corrupción, desinstitucionalidad, criminalidad, prostitución, violencia, daño ambiental, relaciones internacionales narcotizadas, etc. Por tanto,  el terreno virgen del TIPNIS será la mejor «herencia» que el masismo dará a sus huestes más leales. La preventa de lotes en el TIPNIS, administrada por las corporaciones cocaleras, ya empezó el 2012, seguramente en éstos días volvió a su auge.

De igual manera, la carretera dará lugar al ingreso de empresas y/o personas dedicadas a la extracción ilegal de madera, ocasionado procesos de degradación de los bosques y la desaparición de especies locales de alto valor comercial. Por lo general, son estas empresas las que realizan la apertura de caminos secundarios, que son los que en mayor medida afectan a la destrucción de los ecosistemas.

5.- Coletazos de ahogado de un régimen que sabe que se va

La presión para cumplir compromisos adquiridos en la etapa pre-lectoral, implica la anulación de la Ley 180, así como la reposición del proyecto de la carretera. Pero más allá de la anunciada carretera los responsables de la actual gestión gubernamental saben que con los años, aunque estén fuera del gobierno, de igual forma la ocupación cocalera de dicho territorio tenderá a ampliarse. El patrón se verifica en otras medidas desesperadas como fue la aprobación de la ley de la coca con su ampliación a 22.000 has de coca legal, que responde al intento de blindar legalmente las bases materiales de sobrevivencia del movimiento cocalero y por tanto del tronco fundamental del MAS y de Evo. El actual gobierno está aprovechando sus 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para sacar toda la ventaja posible antes de su irremediable salida del poder el 2020. Estas acciones son muestra objetiva que más allá de su palabrerío reeleccionario, están conscientes de que ya no cuentan con ninguna posibilidad de seguir usufructuando el país a partir del 2020.

Un patrón de abuso de poder para imponer una visión inviable de “desarrollo”.

Las razones de defensa del TIPNIS no son de sólo solidaridad con las comunidades indígenas, son de interés nacional y de tod@s l@s bolivian@s.

Este atentado contra el TIPNIS, y contra la población boliviana, por sus consecuencias sistémicas en servicios ecológicos vitales, corresponde a un patrón de abuso de poder, de incumplimiento y/o imposición de normas, de consultas fraudulentas para facilitar un modelo de profundización del extractivismo sin destino, que se expresa simultáneamente en otras áreas protegidas y/o territorios indígenas con proyectos como las megarepresas Rositas, Chepete y Bala; en la exploración y/o explotación petrolera en Tariquía, Iñao, TCO Tacana II, o bien en minería en el Illimani, en los ríos amazónicos; en un proyecto de energía nuclear o en proyectos de industrialización para la producción de plásticos y contaminantes abonos químicos. Es una visión de futuro inviable porque no comprende algo elemental: el “desarrollo” no puede hacerse a costa de la capacidad regenerativa de los ecosistemas porque son la base de sustentación de la vida.

¡¡ ATENTAR CONTRA EL RÉGIMEN DE LOS RECURSOS NATURALES ES TRAICIÓN A LA PATRIA !!

Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad

 

La victoria popular en el referéndum del
21F de 2016 fue refrendada un año después por
multitudinarias concentraciones en todo el país
para rechazar los nuevos intentos del MAS de
prorrogarse en el poder, violentando los principios
y normas del orden constitucional vigente.
El movimiento ciudadano, que tuvo un rol
protagónico en las urnas y en las calles en estos
dos procesos, ha decidido convertir la indignación
popular en una propuesta programática, la
Agenda del 21F, que puede resumirse en un
solo objetivo: la transición del Estado autoritario
y corporativo actual hacia un Estado democrático
que garantice los derechos de las
personas, de los pueblos y de la naturaleza.
Puesto que no hay viabilidad jurídica ni
política para los planes de perpetuación de Evo
Morales en el poder, las organizaciones de la
oposición y el propio MAS deben prepararse
para un nuevo proceso de transición. La
Agenda del 21F exige, como punto de partida,
que el gobierno acate la voluntad popular
expresada en las urnas en 2016 y transfiera el
poder en 2020 a un nuevo gobierno elegido
de acuerdo a la legalidad constitucional vigente.
Pero la Agenda del 21F no se limita a un
cambio de gobierno, sino que exige un cambio
de régimen. Frente al despilfarro prebendal, la
corrupción, el patriarcalismo, la profundización
del extractivismo, la ineptitud, el autoritarismo
y la impostura que caracterizaron al “proceso
de cambio”, la ciudadanía democrática demanda
un “cambio de proceso” para la transición
política, económica, social y ambiental.
La agenda de transición debe promover los
acuerdos necesarios para democratizar al Estado
y la sociedad y redefinir la relación de ambos
con la naturaleza. Expresa una aspiración que
retoma y actualiza el legado de las luchas populares
por la libertad y la igualdad y le ofrece al país
una vía para afrontar los desafíos del siglo XXI en
un nuevo contexto ambiental y civilizatorio.

A diferencia de la llamada Agenda Patriótica
2025 que ofrece más extractivismo,
más endeudamiento y mayor concentración del
poder, la Agenda del 21F está inspirada en la
convicción de que el bien común no puede ser
la agregación de intereses particulares y que el
buen gobierno sólo puede ser resultado de la
vigencia plena del Estado social y democrático
de derecho. Pero a estos principios básicos hay
que añadir la dimensión ambiental: el impacto
de las acciones humanas en el entorno natural
nos obliga a incluir en la noción de bien común
a todas las formas de vida que comparten el
planeta: no podemos promover un tipo de “desarrollo”
que destruya nuestra base de sustentación
vital. Por estas razones, el nuevo Estado
habrá de incluir en su diseño y funcionamiento
la nueva generación de “derechos” de la naturaleza
y no sólo el amplio catálogo de derechos
humanos reconocidos por la Constitución.
La transición democrática está orientada
a redefinir la relación entre Estado y sociedad
para generar un nuevo contrato social de carácter
democrático. Para ello, será necesaria una
reforma de Estado y una redefinición de las
políticas públicas que, en su versión resumida,
incluyen:
Reforma de Estado
1. Estado social y democrático de derecho
a. En sustitución del actual Estado corporativo,
Bolivia requiere la instauración de un Estado
social y democrático de derecho que sólo
tuvo de manera embrionaria en el pasado y que
hoy aparece como una necesidad para garantizar
los derechos de las personas, de los pueblos
y de la naturaleza. De nada sirve proclamar derechos
individuales o colectivos si no existen las
instituciones que puedan garantizar su cumplimiento.
Este modelo de Estado no sólo establece
el principio republicano de la igualdad de todos frente a la ley, sino la sujeción y limitación de los poderes públicos al Derecho.
b. Sólo un régimen constitucional democrá-
tico constituido con base en la independencia de
poderes, puede asegurar la prevalencia del bien
común sobre los intereses de clase, de gremio,
de etnia o de región; y la separación de las funciones
técnicas de la administración pública, de
aquellas funciones propias de los ámbitos de representación
democrática. Los interinatos en las
principales instituciones y empresas del Estado,
son inconcebibles en un régimen constitucional.
c. El Estado social de derecho se propone además
la generación y redistribución de la riqueza
y la provisión de los servicios y oportunidades
para los sectores sociales en situación de
vulnerabilidad –en particular para los jóvenes,
las mujeres y los grupos indígenas– regulando
el mercado y planificando la economía con el
objetivo de reducir no sólo la pobreza sino también
la desigualdad y la informalidad. La concertación
de estas políticas públicas requerirá
la creación de un Consejo Económico, Social
y Cultural en el que estén representados los
principales actores productivos, territoriales y
los pueblos indígenas.
d. A los derechos individuales y colectivos se deben
añadir ahora los “derechos” de la naturaleza
para que tanto el Estado como la sociedad
respeten los límites biofísicos y la capacidad de
regeneración de los ecosistemas. A la Defensoría
del Pueblo habrá que añadir una Defensoría
de la Naturaleza que garantice el cumplimiento
de la normativa ambiental.
2. Democracia ciudadana
a. La Agenda del 21F demanda el fortalecimiento
complementario de la democracia representativa
y participativa, y propugna el pluralismo
y la participación ciudadana en el sistema de
conformación y funcionamiento de los poderes
públicos monopolizados actualmente por corporaciones
sociales o unipartidarias.
b. Necesitamos un gobierno que asuma la representación
del conjunto de la sociedad y no
la de los intereses particulares de grupos sociales,
étnicos o regionales. Ni partidocracia,
ni “gobierno de los movimientos sociales”:
independientemente de su origen partidario o
frentista, el gobierno venidero deberá representar la condición ciudadana, fundamento de la
igualdad, la libertad y del sentido de pertenencia
a la comunidad nacional boliviana.
c. La transición democrática debe ir acompañada
de una transición hacia una matriz de garantía
de derechos y cumplimiento de deberes. En
un contexto de democratización generalizada es
necesario confiar en la construcción de la igualdad
de derechos y la diferencia de identidades.
La igualdad en la diferencia constituye nuestro
patrimonio cultural más importante.
3. Sistema de justicia independiente
a. Para la conformación de un sistema judicial
independiente se requieren autoridades seleccionadas
por sus méritos profesionales y no
por cuoteo partidario, como en el pasado, o por
cuoteo sindical o intrapartidario, como ocurrió
en 2011 y acaba de repetir el gobierno de Evo
Morales.
b. Es imprescindible un acuerdo nacional para
una reforma integral de la justicia, su fortalecimiento
institucional y su desconcentración.
En un Estado autonómico, la administración
de justicia debe ser una corresponsabilidad
de los gobiernos departamentales y municipales,
a fin de aligerar la carga burocrática que hoy
deriva en extorsión o impunidad.
c. Sólo una justicia independiente e idónea podrá
administrar los juicios de responsabilidades
ante la violación de los derechos humanos,
la corrupción ampliada y el despilfarro de los
recursos fiscales en los que incurrieron o incurran
los gobernantes.
4. Desconcentración para la vigencia plena
de las autonomías
a. La actual Constitución y la Ley de Autonomías
han reforzado el centralismo, en contra
de la demanda de autonomía por la que se pronunciaron
masivamente cuatro departamentos.
En lugar de un Estado “con” autonomías (hoy
inexistentes o recortadas) demandamos un Estado
autonómico que transfiera competencias
y recursos reales a los gobiernos departamentales
y municipales.
b. Como reconocimiento de la diversidad cultural
e institucional, deben fortalecerse los mecanismos
de consulta previa y autogobierno de
los ayllus andinos y de los pueblos indígenas detierras bajas para lograr la cohesión de la comunidad
boliviana.
c. Es imprescindible el pacto fiscal que redistribuya
la riqueza nacional, superando los derechos
preconstituidos al calor de las presiones regionales
o corporativas. La actual extorsión impositiva
a un reducido número de contribuyentes
debe ser sustituida por la universalización del
pago de impuestos, de acuerdo a las posibilidades
reales de cada sector social y económico, para
que el tesoro nacional dependa cada vez menos
de la renta de los recursos naturales y más del
propio esfuerzo de los ciudadanos.
Políticas públicas
5. Nueva matriz energética y productiva
a. La transición política irá acompañada de una
transición hacia una nueva matriz energética
y productiva. La economía boliviana debe
abandonar aceleradamente el modelo extractivista
y la dependencia de los combustibles fósiles,
sin incurrir en la irresponsable aventura de
la energía nuclear o el daño ambiental generado
por las mega-represas.
b. En un contexto de cambio climático, se requiere
apostar por la diversificación productiva
en armonía con la vocación natural de las
diversas ecorregiones que conforman nuestro
patrimonio natural más valioso, empleando las
innovaciones tecnológicas que ofrece la comunidad
mundial. La ciudadanía democrática se
pronunció mayoritariamente contra la ampliación
de los cultivos de coca destinada al narcotráfico
o la extensión de la frontera agrícola
para los monocultivos de exportación, ambas
políticas social y ambientalmente insostenibles
impulsadas por el actual gobierno.
6. Nuevas reglas para la participación política
y electoral
a. La democratización del Estado y de la sociedad
requiere autoridades electorales idóneas que
garanticen la depuración integral del padrón
electoral, la actualización y transparentación del
sistema de cómputo, la aprobación consensuada
de una ley de organizaciones políticas que
promueva la más amplia participación ciudadana
y la igualdad de oportunidades en la competencia electoral, junto con la redefinición de las
circunscripciones electorales para corregir las
actuales asimetrías sociales y territoriales. Exigimos
que se anulen las elecciones en las que el
voto blanco o nulo sea mayor al voto válido.
b. El derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
asociarse en partidos políticos o gremios es un
derecho humano y político fundamental pero es
necesario que esas formas legítimas de organización
se democraticen internamente y
rindan cuenta de sus actos.
7. Política internacional independiente
a. En la escena internacional, el próximo régimen
democrático debe predicar con el ejemplo
y evitar el alineamiento con gobiernos
dictatoriales o autocráticos, promover el multilateralismo,
el respeto de los derechos humanos
y la protección de la naturaleza, asumiendo
que somos simultáneamente ciudadanos y ciudadanas
de Bolivia y del mundo.
b. En lo inmediato, debe cesar el “respaldo incondicional”
que el actual gobierno le ofrece a la
dictadura venezolana en nombre del pueblo de
Bolivia y suspenderse la entrega “llave en mano”
de recursos naturales y obras públicas a las potencias
imperialistas de viejo o nuevo cuño.
8. Servicios públicos
a. El nuevo régimen estatal debe encarar los
enormes desafíos en la provisión eficiente de los
servicios públicos, la creación de empleo digno
y la gestión concertada entre los distintos niveles
de gobiernos autónomos. La Agenda del 21F
exige a los actuales y futuros gobernantes volcar
los recursos y esfuerzos necesarios para resolver
prioritariamente y de manera duradera
la situación de la salud y la educación en Bolivia
y la estremecedora situación del crimen y
la violencia en el país que afecta con particular
fuerza a las mujeres.
b. Se deben crear oportunidades de educación
y empleo digno para las y los jóvenes, que
pronto tendrán que asumir responsabilidades
como nuevos conductores del país. La enorme
necesidad de empleo de buena calidad para los
jóvenes debe ser resuelta mediante un estímulo
a las inversiones, a la innovación y a los nuevos
emprendimientos. Asimismo, es imprescindible
crear las condiciones para la innovación y mejoramiento tecnológico en todos los sectores de la economía, que son al mismo tiempo el medio
para escapar del extractivismo.
c. Para la provisión de estos servicios es imprescindible
el fortalecimiento de las ciudades
intermedias en el marco de una política que
articule la atención de las necesidades urbanas y
los desafíos de la seguridad alimentaria.
El movimiento ciudadano, compuesto por
una diversidad de personas, grupos y tendencias, y
que expresa de manera plural el nuevo protagonismo
político en el campo y las ciudades de quienes
creen en la democracia y el Estado de derecho, en la justicia económica y social y en la defensa de la naturaleza como sus principios rectores, asume su
rol histórico al ofrecerle al conjunto del país esta
Agenda de emancipación y responsabilidad
con las generaciones presentes y futuras.
Convocamos a las organizaciones sociales y
políticas, a los pueblos indígenas, a los ciudadanos
y ciudadanas a lo largo de todo el país, a enriquecer
colectivamente la Agenda del 21F y organizarse
en torno a sus objetivos programáticos
para asegurar la victoria de las fuerzas democráticas
en las elecciones generales de 2019.

 

Renzo Abruzzese
Blanca Acebey
Patricia Alandia Mercado
Luis Alberto Alarcón Clavel
Carlos Alborta
Selva Sonia Alcócer H.
Edda Kenya Alcócer
Lucía Aliaga Paz
Jaime Aliaga
Julio Aliaga Lairana
Gabi Anaya
M. Susana Anaya Navía
Gloria Ardaya Salinas
Rubén Ardaya Salinas
Diego Ayo
Rocío Ballivián Saleck
Florencia Ballivián
Jaime Antonio Baptista F.
Cecilia Barja Chamas
Narda Barja Dávalos
Silvia Barrón Rondón
Cécile Belpaire de Morales
Rose Marie Beltrán López
Juan Benavides Ayala
Carlos Berríos Quispe
Ana María Bravo
Erika Brockman Quiroga
Edgar Cadima
Wara Cajías Ponce
Hernando Calla
Ricardo Calla
Elizabeth Callisaya
Adrián Camacho Gott
Eduardo Campos Velasco
Rubén Campoy A.
Jenny Cárdenas Villanueva
Freddy Santos Carmona C.
Elena Carreño Lora
Gaby Carrillo
Roger Carvajal
Carla Casas
Jorge Centellas Quezada
Marcelo Céspedes Gutiérrez
Kamil Chambi Quispe
Rosángela Conitzer
Mario Cordero
Andrés Cruz
Ana Rosa Cuellar de Reyes
María Eugenia De La Riva
Marcelo A. Delgadillo P.
Carlos Derpic Salazar
Gísela Derpic Salazar
Marion Drexhagen
Alejandra Echazú Conitzer
César Escóbar Vásquez
Cecilia Estrada Ponce
Patricia Estrada Gottret
Jaime Fernández
Erika Fernández
Gonzalo Flores
Gabriela Flores Salas
Serafín Gallardo Flores
Marcelo García
Marco Antonio García C.
Blanca Gómez García
Jorge Chacho Gonzalez
Eberth Dayler González
Benjamín Grossman
Alfonso Gumucio Dagron
Juan Carlos Guzmán S.
Loyola Guzmán
Antonio José Guzmán S.
Vicenta Guzmán Lara
Roxana Hartmann
Martha Hernández Flores
Claudia Cecilia Ibáñez P.
Bonnie Ibatta
René Jaldín Veizaga
José Jimenes Jimenes
Manuel La Fuente
Elizabeth Landaeta
Saúl Lara
Jorge Lazarte Rojas
María Lohman
Jhery Róger Mamani M.
Marcelo Mamani
Ramiro Mamani
Ivonne Paola Manzaneda R.
Guillermo Mariaca Iturri
Gabriel Mariaca Iturri
Ximena Medinaceli
Imelda Méndez Melgar
Adhemar Mole
Fanny Helena Mendoza F.
Paola Andrea Mercado S.
Daniela Mérida
Edwin Mier Cornejo
Fátima Molina
Gonzalo Mondaca
Martín Morales
Juan Antonio Morales A.
Rolando Morales Anaya
José Antonio Moreno V.
Guillermo Muñoz
Guadalupe Navarro C.
José Núñez del Prado
Harold Olmos
Mónica Olmos Campos
Raúl Ernesto Olmos V.
Henry Oporto
Rolando Oropeza
Elena Ortiz Antunez
Verónica Ossio
Rolando Oviedo Rodríguez
Aydeé Palacios Nogales
Alejandro Paniagua
Jorge Patón Valdez
Norka Paz
Mario Paz Ballivián
Nora Paz Ballivián
Rafael Peredo
Cliver Pérez Rojas
Juan Carlos Pimentel C.
Eduardo Pinedo Valdivia
Vladimir Pinto Saravia
Gastón Pozo
Ana Rebeca Prada
Fernando Prado Salmón
Isabella Prado Zanini
José Antonio Prado Zanini
Amalia Prado Meza
Marcel Quezada
José Antonio Quiroga
Lucía Quiroga Rocha
Luis Fernando Ramírez
Centa Rek López
Felix Reynaga
Cecilia Requena
Luis Rico Araníbar
Vanessa Riveros
Miguel Antonio Roca S.
Hugo Rodas Morales
Gualberto Rodríguez SM
Luis Rojas Vaca
Gonzalo Rojas Ortuste
Jimena Rojas Silva
Javier Rojas Murillo
Teresa Rosazza
Carlos Rosso
Carmen Beatriz Ruiz P.
Marco Antonio Saavedra
Miriam Saavedra Luna
Mauricio Sánchez Patzy
Daly Cristina Santa María
Mariana Sanz Ardaya
Alfredo Seoane Flores
Angélica Siles Parrado
Gustavo Soto Santiesteban
Rosa Tamayo S.
Mario Tapia
Ariel Terán
Eddy Terrazas
Santiago Ticona Yupari
Franz Tórres Gutiérrez
Severino Tufari Calle
Fabrizio Uscamayta Espíritu
Martha Ugarte
Marta Urioste de Aguirre
Miguel Urioste F.C.
Ludwig Valverde
Patricia Vargas
Manuel Vargas Severiche
Javier Velasco
Manolo Velásquez Carreño
Jhonny Velásquez Pacheco
Enrique Velazco
César Virguetti
Jenny Ybarnegaray Ortiz
Severino Yupari Calle
Pablo Zavaleta Reyles

 

Las recientes disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que se arrogó las
facultades de la Asamblea Legislativa, el incremento de atribuciones al presidente N. Maduro y el
despojo de la inmunidad de los miembros de dicha Asamblea, marcan un gravísimo atentado al
orden constitucional propio de un Estado de Derecho, que hoy se asocia indisolublemente a la
idea democrática. Si además tenemos en cuenta la larga crisis de legitimidad que vive esa nación
hermana, una de cuyas elocuentes expresiones es, precisamente, la aplastante mayoría opositora
en esa Asamblea Legislativa, no resulta excesivo calificar la situación como “autogolpe” que orilla
al régimen a una condición de dictadura. La medida, antidemocrática desde todo punto de vista,
ha dejado al pueblo venezolano sin representación en los órganos de poder.
La Organización de Estado Americanos (OEA) -mediante su Secretario General- ha intentado
activar la Carta Democrática Interamericana para desembocar en elecciones generales que
permitan renovar los poderes públicos con participación protagónica ciudadana. Aunque una
mayoría de estados apoya esa salida, todavía no hay los dos tercios para hacerla vinculante. El
representante de Bolivia en la OEA, en vez de coadyuvar a esa salida pacífica, se sumó al coro
minoritario de denostadores del Secretario General y repite que ese organismo, en el que él es
embajador, ¡no debiera existir! Ayer, mientras la inmensa mayoría de los gobiernos
iberoamericanos condenaban las acciones anticonstitucionales del gobierno de Venezuela, el
Gobierno del MAS emitía un comunicado respaldando tales acciones, poniéndose al margen de la
mayoritaria opinión democrática de los países. Alertamos a la ciudadanía que detrás del respaldo
del gobierno del MAS al de Venezuela existe la inequívoca intención de burlar los mandatos de la
Constitución y las leyes respecto a la duración y no repetición de los mandatos presidenciales.
Demandamos que el Gobierno, a través de los funcionarios pertinentes, en tanto representantes
de un Estado que todavía mantiene ribetes democráticos exprese el sentimiento de respeto a la
disidencia política y a la solución negociada de una evidente crisis social y política que discurre por
la concurrencia a las urnas. Que sea el pueblo soberano venezolano el que decida su futuro y no
los funcionarios de un poder judicial notoriamente alineado con el declinante oficialismo. El valor
de las leyes y en particular la Constitución es que valen y se aplican para oficialistas y opositores,
gobernantes y gobernados: ¡No al ejercicio arbitrario del poder!
Plataforma Ciudadana Una Nueva Oportunidad
La Paz, 31 de marzo de 2017

Este artículo incluye una de las preocupaciones de la Plataforma Ciudadana. Tiene la bondad de explicar qué exactamente está pasando en el aula. Resalta su sentido estratégico y la propuesta que conlleva. Es parte de un libro sobre el tema que recientemente su autor ha publicado. Edgar Cadima — quien es parte de la Plataforma Ciudadana — analiza el estado de situación de la educación en Bolivia (Marzo, 2017) 

En este artículo se hace un análisis de la condición de la coca. El caso es que en Bolivia la producción de la coca ha sido fuertemente desviada al narcotráfico. Este es un dato de la realidad corroborado por UNODC la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. No es secreto para nadie en nuestro país que alrededor del 95% de la coca producida en Bolivia va a parar a la producción de cocaína. Guillermo Mariaca sigue el decurso de la coca y muestra datos abrumadores sobre los peligros políticos que acechan nuestro país. Por su importancia, se ha decidido copiar in extenso este artículo para el debate.

LA COCA ES COCAÍNA

Guillermo Mariaca Iturri. Ensayista

Dicen que Valentín Mejillones llevaba su poncho ceremonial el momento de su detención por narcotraficante. Desde 1998 fue Coordinador de Ancianos y Guías Espirituales de América y fundador del Consejo de Amautas; pero recién se lo conoció en el mundo oficial los años 2006 y 2010 porque él entregó el bastón de mando a Evo Morales, en Tiwanaku, cuando éste se disponía a asumir el poder luego de sus dos victorias electorales. El principal amauta aimara, que en la religiosidad andina es el ‘sacerdote’ principal, legitimaba así la condición dual del nuevo presidente: dirigente de los movimientos sociales y líder espiritual del mundo indígena. En su extremo ‘sagrado’, la coca ocupaba el espacio de la memoria y la autoridad moral en el Estado indio y popular.

En su extremo profano, la cocaína es la droga performativa, la que permite hacerlo todo. Es la respuesta a la falta de límites, a la sociedad competitiva. Al llegar al cerebro la cocaína estimula dos neurotransmisores clave: la dopamina y la noradrenalina. El primero te convierte en el centro de la fiesta, te enciende; el segundo te pone más alerta, te ilumina. Hasta que llega la penumbra.

Qué paradoja. El mundo sagrado y el mundo profano. El mundo crudo de la coca; el mundo cocido de la cocaína. Reunidos en la entraña de un presidente indio y de un campesino dirigente sindical. Hasta ahora dirimiendo sus diferencias, invadiendo sus territorios, marcando sus fronteras. Hasta que la paradoja se hace contradicción y uno de los polos anula al otro, legaliza su victoria, se declara cocaína global reduciendo la coca al folklore local.

Una de las preguntas fundamentales de la historia andina puede ser formulada de la siguiente manera: ¿dónde ha radicado su capacidad de resistencia ante la colonización? Obviamente, no es una pregunta menor. Son tantos los pueblos que han sucumbido a las seducciones modernas que encontrar resistencias persistentes e, inclusive, conductas y propuestas alternativas es definitivamente esperanzador. Apoderarse de ese capital simbólico –la hoja ‘sagrada’- era, entonces, prioritario. Así, lo sagrado limpiaba lo profano. Y no había acontecimiento oficial, presencia internacional o reuniones de gabinete que no remitiesen a ese carácter de autoridad moral y memoria ética de la Erythroxylum coca. Pero, sobre todo, no había eufemismo más potente para disfrazar el imperio del mercado ante el que habían sucumbido los movimientos sociales y el imperio del narcotráfico al que se habían entregado los intereses cocaleros. Los ritos de ofrenda a la pachamama y a los achachilas pidiendo a estas divinidades por el bienestar de Morales en el Gobierno y la presencia hegemónica del mercado de la coca en el Estado, no eran sino transacciones que disfrazaban su corrupción con el recurso a lo sagrado.

Valentín Mejillones, sacerdote aimara narcotraficante, representa la culminación de ese tránsito de lo sagrado a lo profano, de líder espiritual a narcotraficante, de la resistencia a la complicidad. 240 kilos de cocaína protegidos por su poncho ceremonial. Pero el principio de ese punto de inflexión hoy ha alcanzado su clímax: es la nueva ley de la coca despojada definitivamente de cualquier reserva moral amparada en la sacralidad. La coca ha sido seducida por el mercado y ha caído en la red del narcocapitalismo.

El consumo tradicional requiere, en el mejor de los casos, de 5.084 hectáreas de coca –ojalá fuera orgánica- de los Yungas paceños y de los Yungas de Vandiola. El resto en 2015, 15.116 ha, van al narcotráfico. Esas hectáreas producen 21.269 tn de coca seca (a un rendimiento de 1,407 tn/ha/año). Se necesita 112 kg de hoja seca para producir un kilo de pasta básica que, con la técnica colombiana, puede convertirse en 800 gramos de cocaína. Esos kilos de hoja dan para producir 189.895 kg pasta básica/año, redondeando, 190 tn/PB/año, 150 tn/cocaína/año. La FELCN afirmó que incautó 12,68 tn ese mismo año. Eso deja un saldo neto de 177 tn de PB o de 142 tn de cocaína producidas en 2015 (http://gonzalofloresopina.over-blog.com). Las 142 tn, estimando muy conservadoramente un precio de US$ 5000/kg, se convierten en US$ 710 millones. A partir de la nueva ley, serán US$ 800. En Bolivia, esos 800 millones equivalen hoy al 2,5% del PIB. El impacto en nuestra economía, por ahora, es importante pero no excesivo. Sin embargo, eso no es todo.

En América Latina el narcotráfico está destrozando instituciones y recursos. Los gobiernos locales de las zonas cocaleras y de los canales de exportación son invadidos por las mafias. Por cada gramo de coca se destruyen cuatro metros cuadrados de monte y se envenenan quién sabe cuántos litros de agua del curso de los ríos amazónicos. En el mejor libro sobre la cocaína escrito en los últimos diez años, Saviano afirma: “Mira la cocaína: verás polvo. Mira a través de la cocaína: verás el mundo”. Los ingresos producidos por la coca, convertida en estimulante para 300 millones de consumidores, incorporaron al sistema financiero US$ 88 billones en 2008 de acuerdo con la ONU. Al inicio de los 80, un gramo de cocaína en Estados Unidos valía 800 dólares y ahora sólo cuesta 100 dólares; el 70% de los crímenes de calle en ese país están relacionados a las drogas, a lo que debe añadirse su efecto multiplicador que resulta en el tráfico de armas y de personas. Tres de los bancos que son el cimiento de su sistema financiero (Wachovia Bank, HSBC, Bank of America) han sido condenados –un pelo al chancho- por lavado de dinero del narcotráfico.

El narcotráfico tiene un impacto cada vez mayor en la economía, la política y la sociabilidad y, por consiguiente, el enfoque punitivo y prohibicionista ha fracasado. La legalización-regulación de las drogas puede ser el camino para salir del círculo vicioso del narcocapitalismo porque la cocaína legal no costaría casi nada; en cambio la cocaína cuesta mucho porque es ilegal. Pero mientras eso sea imposible, hoy ya no estamos al borde del abismo. Hoy ya estamos en la caída al fondo del fondo. Estado que abdica, narcocapitalismo que prospera. Con la nueva ley, hemos caído a ese modelo de capitalismo que quisieron pero no pudieron construir Luis García Mesa, Luis Arce Gómez y Roberto Suárez.

La ‘hoja sagrada’ ya no tiene nada de sagrada. La ha profanado el mercado más neoliberal de todos: el narcocapitalismo. El que fuera presidente indio sermonea su penúltima mutación ante un mundo enmudecido.