Una ley fascista contra la libertad en Venezuela (Gisela Derpic, Brújula Digital, 7.5.24)

El fascismo no es una ideología, no es izquierda ni de derecha. Es el ejercicio ilimitado del poder por medios violentos cooptando organizaciones de la sociedad civil para instrumentalizarlas en nombre de un estado sacralizado, encabezado por un caudillo así mismo sagrado, conductor del pueblo –los que apoyan y obedecen a ese estado y a su caudillo– hacia un destino maravilloso, enfrentando a un enemigo en una lucha que puede prolongarse mucho tiempo. El fascismo se opone a la persona, a su dignidad, a sus derechos. A la democracia. A la libertad. Fascista es, por tanto, quien forma parte de la estructura del poder omnímodo que se descarga sobre la gente, no el ciudadano común. Esa es la clave que descubre la impostura de la Ley contra el Fascismo propuesta por Maduro en Venezuela para profundizar la represión del poder sobre personas y grupos disidentes y opositores, con un discurso que la justifica a nombre de la democracia. Es el totalitarismo vestido de democracia, un loro diciendo loro.

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Juristocracia, ¿camino abierto? (Carlos Valverde, Brújula Digital, 7.5.24)

En realidad, esto no es nuevo: en la gestión de Evo Morales se violó la CPE varias veces. Veamos las más importantes referidas al tema del ejercicio mismo del poder: primero aceptaron que Evo Morales candidateara a un tercer mandato, pese a que la CPE lo prohibía; luego, en diciembre de 2017, lo habilitaron a ser candidato pese a que había perdido el referéndum del 21F. Hasta ahí se obedecían órdenes políticas; ahora han saltado a la siguiente fase: cogobernar con Luis Arce. Es la juristocracia.

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Vergüenza debiera darles (Carlos Derpic, Brújula Digital, 4.5.24)

(...) el pasado 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando, mediante resolución pronunciada en una Acción Popular, decidió dejar sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, así como la inaplicación de la Ley Nº 1549 (Transitoria de Elecciones Judiciales) y su reglamento, porque supuestamente las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos (...) Esta resolución, pronunciada por dos vocales de reconocida filiación masista, es una aberración jurídica inaudita pues, mediante sofismas tan propios de la “justicia” masista, pretende aplicar la Acción Popular, que protege derechos e intereses colectivos, a casos individuales, que tienen otras acciones de defensa a las que acudir en caso de vulneración de derechos subjetivos.

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Desorden mundial e impunidad (Gonzalo Rojas, Los Tiempos, 3.5.24)

El descomunal asedio a la franja de Gaza con el que el Ejército israelí ha respondido al ataque —también brutal— de Hamás, hace siete meses desde tierra palestina, tiene abrumados a quienes mantienen todavía una brújula moral, por encima de alineamientos ideológicos o intereses de realpolitik solamente (...) Sumado a ello, los sucesivos intentos de detener la violencia desde el Consejo de Seguridad de la ONU, con una resolución —aprobada con la abstención de EEUU— que finalmente ordena el cese del fuego, pero que Israel desoyó, quizás por ser un Estado que nació amparado con el triunfo de los aliados de la II Guerra Mundial y que desde entonces es el ariete de las potencias occidentales en Medio Oriente, “zona caliente” de la disputa geopolítica y cultural del orbe.

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