La crisis estructural de Venezuela, agudizada por el gigantesco fraude perpetrado por el régimen tiránico en las elecciones del 28 de julio pasado, aporta nuevas evidencias del grado de avance de la estrategia antidemocrática en el mundo. Son inequívocas: el resultado de la votación en la sesión extraordinaria de la OEA del 31 de julio pasado que no alcanzó para una resolución que exige la publicación de las actas electorales y la tibieza de la ONU que omitió pronunciamiento alguno sobre el fondo de la crisis, habiéndose limitado a manifestar preocupación por la represión desatada contra la ciudadanía. Más deplorable aún -aunque no sorpresivo-, el atronador silencio del papa Francisco.
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